martes, 12 de diciembre de 2017

BOE de 12.12.2017


-Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Ordenación del Juego, por la que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto 1614/2011, de 14 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, en lo relativo a licencias, autorizaciones y registros del juego, se establece el procedimiento de solicitud y otorgamiento de las Licencias Singulares para el desarrollo y explotación de los distintos tipos de actividades de juego.
Nota: El objeto de esta disposición es establecer los requisitos y condiciones que rigen la solicitud y el otorgamiento de las licencias singulares para el desarrollo y explotación de los tipos de actividades de juego.
En el punto sexto (documentos de la solicitud) se contienen diversas previsiones sobre los documentos que deben aportarse con la solicitud cuando quienes comparezcan o firmen las solicitudes en nombre de las sociedades interesadas sean personas física o jurídicas extranjeras, residentes o no en España.
Por otro lado, en la letra d) de la sección 1 del punto sexto se exige la sumisión expresa del solicitante a los órganos jurisdiccionales españoles.
En la sección 3, letra e), del mismo punto sexto se exige la presentación de la "relación de países del Espacio Económico Europeo en los que el interesado, o cualquiera de las empresas pertenecientes a su mismo grupo empresarial, hubiera obtenido título habilitante para el desarrollo y comercialización del tipo de juego para el que se solicita la licencia singular. En caso de que la sociedad solicitante, o cualquiera de las empresas pertenecientes a su mismo grupo empresarial, no contara con títulos habilitantes para el desarrollo y comercialización del tipo de juego para el que se solicita licencia singular, deberá hacerse constar tal circunstancia".
-Orden APM/1211/2017, de 4 de diciembre, por la que se modifican los anexos I, II, III, IV y V del Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de protección contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Europea de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y tránsito hacia países terceros.
Nota: Véase el Real Decreto 58/2005, de 21 de enero.

lunes, 11 de diciembre de 2017

Jurisprudencia - El tiempo de estancia en prisión preventiva no computa a efectos de la autorización por arraigo social


Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sede de Las Palmas de Gran Canaria, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Sentencia de 30 marzo 2017, Rec. 281/2016: Solicitud de autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales de arraigo social (art. 124.2 del RD 577/2011). Denegación. No es razonable computar el tiempo que el solicitante permaneció en prisión, como periodo de tiempo válido, a la hora de hablar de residencia continuada generadora de una situación de arraigo, pues dicha situación no puede valorarse de manera positiva en cuanto a integración en la sociedad española, encontrándose, por el contrario, más próxima a lo que el Tribunal Supremo ha denominado comportamiento reprochable.
Ponente: Galcerán Solsona, Emma.
Nº de Recurso: 281/2016
Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
Iustel - Diario Del Derecho, 11 diciembre 2017, sección Jurisprudencia
[Texto Iustel]
[Texto en CENDOJ: STSJ ICAN 338/2017 - ECLI: ES:TSJICAN:2017:338]

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


SENTENCIAS

-Asunto C-194/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 17 de octubre de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Riigikohus — Estonia) — Bolagsupplysningen OÜ, Ingrid Ilsjan / Svensk Handel AB [Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (UE) n.° 1215/2012 — Artículo 7, punto 2 — Competencia especial en materia delictual o cuasidelictual — Vulneración de los derechos de una persona jurídica mediante la publicación en Internet de información supuestamente inexacta sobre ella y la no supresión de comentarios que la afectan — Lugar donde se ha producido el daño — Centro de intereses de la persona jurídica]
Nota: Véase la entrada de este blog del día 17.10.2017.
-Asunto C-231/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 19 de octubre de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Hamburg — Alemania) — Merck KGaA / Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Corp, MSD Sharp & Dohme GmbH [Procedimiento prejudicial — Reglamento (CE) n.° 207/2009 — Marca de la Unión Europea — Artículo 109, apartado 1 — Acciones civiles sobre la base de marcas de la Unión y de marcas nacionales — Litispendencia — Concepto de «los mismos hechos» — Uso del término «Merck» en nombres de dominios y en plataformas de redes sociales en Internet — Acción basada en una marca nacional seguida de una acción basada en una marca de la Unión — Inhibición — Alcance]
Nota: Véase la entrada de este blog del día 19.10.2017.
-Asunto C-425/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 19 de octubre de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof — Austria) — Hansruedi Raimund / Michaela Aigner (Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual e industrial — Marca de la Unión Europea — Reglamento (CE) n.° 207/2009 — Artículo 96, letra a) — Acción por violación de marca — Artículo 99, apartado 1 — Presunción de validez — Artículo 100 — Demanda de reconvención por nulidad — Relación entre una acción por violación de marca y una demanda de reconvención por nulidad — Autonomía procesal)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 19.10.2017.
-Asunto C-192/16: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 12 de octubre de 2017 [petición de decisión prejudicial planteada por el Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Reino Unido] — Stephen Fisher, Anne Fisher, Peter Fisher / Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Artículo 355 TFUE, apartado 3 — Estatuto de Gibraltar — Artículo 49 TFUE — Artículo 63 TFUE — Libertad de establecimiento — Libre circulación de capitales — Situación meramente interna)
Fallo del Tribunal: "El artículo 355 TFUE, apartado 3, en relación con los artículos 49 TFUE o 63 TFUE, debe interpretarse en el sentido de que el ejercicio por parte de nacionales británicos de la libertad de establecimiento o de la libre circulación de capitales entre el Reino Unido y Gibraltar constituye, a efectos del Derecho de la Unión, una situación en la que todos los elementos se circunscriben al interior de un único Estado miembro."
NUEVOS ASUNTOS

-Asunto C-579/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Arbeits- und Sozialgericht Wien (Austria) el 3 de octubre de 2017 — BUAK Bauarbeiter-, Urlaubs- u. Abfertigungskasse / Gradbeništvo Korana d.o.o.
Cuestiones planteadas:
"¿Debe interpretarse el artículo 1 del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en el sentido de que los procedimientos por los que la Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK) reclama recargos a empresarios por el desplazamiento a Austria de trabajadores sin centro de trabajo habitual en Austria con el fin de desarrollar allí su trabajo o con motivo de una cesión de trabajadores, o a empresarios con domicilio fuera de Austria por la contratación de trabajadores con centro de trabajo habitual en Austria son «materia civil y mercantil» sujeta al citado Reglamento, aunque, si bien las reclamaciones de recargos de la BUAK se basan en relaciones laborales de Derecho privado y están dirigidas a cubrir los derechos de los trabajadores a vacaciones y a la retribución de las mismas en virtud de sus relaciones laborales de Derecho privado con los empresarios, — tanto el importe de los derechos de los trabajadores a la retribución de las vacaciones frente a la BUAK como el importe de las reclamaciones de recargos de la BUAK frente los empresarios se fijan mediante reglamento de un ministro federal y no por contrato o convenio colectivo;
— los recargos que adeudan los empresarios a la BUAK, además de cubrir el coste de la retribución de las vacaciones que se ha de abonar a los trabajadores, sirven también para cubrir los costes administrativos de la BUAK, y
— a la hora de ejercitar y satisfacer sus créditos relativos a dichos recargos, la BUAK goza por ley de facultades más amplias que las que corresponden a los particulares, puesto que:
los empresarios están obligados, so pena de multa, a presentar a la BUAK partes ocasionales y mensuales, utilizando las vías de comunicación establecidas por la BUAK, para colaborar y someterse a las medidas de control de la BUAK, a permitir el acceso a la documentación salarial, empresarial y de otro tipo y a facilitar información a la BUAK, y
en caso de incumplimiento de las obligaciones de información por parte de los empresarios, la BUAK tiene derecho a liquidar los recargos adeudados por los empresarios basándose en sus propias averiguaciones, asistiendo en tal caso a la BUAK el derecho a los recargos en el importe calculado por la BUAK, con independencia de las condiciones reales del desplazamiento o del empleo?"
-Asunto C-582/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Países Bajos) el 4 de octubre de 2017 — Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie / H.
Cuestión planteada: "¿Debe interpretarse el Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida […] en el sentido de que únicamente el Estado miembro en el que se presentó la solicitud de protección internacional por primera vez es a quien corresponde determinar el Estado miembro responsable, con la consecuencia de que el extranjero únicamente puede oponerse judicialmente en dicho Estado miembro, en virtud del artículo 27 del Reglamento de Dublín, a la aplicación errónea de uno de los criterios de responsabilidad establecidos en el capítulo III de dicho Reglamento, que comprende también el artículo 9?"
-Asunto C-583/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Países Bajos) el 4 de octubre de 2017 — Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie / R.
Cuestiones planteadas:
"1) ¿Debe interpretarse el Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida […] en el sentido de que únicamente el Estado miembro en el que se presentó la solicitud de protección internacional por primera vez es a quien corresponde determinar el Estado miembro responsable, con la consecuencia de que el extranjero únicamente puede oponerse judicialmente en dicho Estado miembro, en virtud del artículo 27 del Reglamento de Dublín, a la aplicación errónea de uno de los criterios de responsabilidad establecidos en el capítulo III de dicho Reglamento, que comprende también el artículo 9?
2) ¿En qué medida resulta pertinente para responder a la cuestión 1, el hecho de que en el Estado miembro en el que se presentó la solicitud de protección internacional por primera vez ya se haya adoptado una decisión sobre dicha solicitud, o que el extranjero haya retirado anticipadamente dicha solicitud?"

Bibliografía - ¿Cómo funciona la orden de detención y entrega Europea?


¿Cómo funciona la orden de detención y entrega Europea?: El caso del ex-president y sus consellers como ejemplo
Marta MUÑOZ DE MORALES ROMERO, Instituto de Derecho penal europeo e internacional (Universidad de Castilla-La Mancha)
Diario La Ley, Nº 9096, Sección Tribuna, 11 de Diciembre de 2017
La orden de detención y entrega europea es un instrumento de cooperación judicial en materia penal en el marco de la UE que implica la entrega de un sospechoso de forma casi automática. Se trata de un instrumento de reconocimiento mutuo cuya premisa fundamental es la confianza mutua de los Estados miembros en el actuar de sus homólogos. De ahí que los motivos de denegación sean reducidos. La negativa del Sr. Puigdemont y de algunos de los exconsellers a comparecer ante la Audiencia Nacional llevó a la emisión de una euroorden cuyas posibilidades de éxito dependerán de la superación de una serie de obstáculos que se abordan a lo largo de este trabajo.

Nota: Véase la Decisión Marco 2002/584/JAI, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros.

Bibliografía - Impuesto sobre la venta online de objetos usados


¿De verdad un Impuesto Wallapop? Todavía, no
Iñaki BILBAO ESTRADA, Profesor de Derecho Financiero y Tributario (Universidad CEU Cardenal Herrera, CEU Universities)
Diario La Ley, Nº 9096, Sección Tribuna, 11 de Diciembre de 2017
[Texto del Trabajo]
En base a una consulta vinculante de la Dirección General de Tributos, cuando la venta online de objetos usados (bienes muebles) sea realizada por particulares debe considerarse, en todo caso, como una transmisión gravada por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas. La consecuencia práctica es que el adquirente debe autoliquidar el citado Impuesto, aplicando un 4% al valor real de los bienes muebles de segunda mano adquiridos (salvo modificación por parte de la Comunidad Autónoma correspondiente). Se analizan las dificultades de la efectiva aplicación del Impuesto, así como las transmisiones que se producen vía plataforma digital.

domingo, 10 de diciembre de 2017

Bibliografía (Revista de revistas) - Arbitraje (2017, núm. 2)


Contenidos de la revista "Arbitraje - Revista de arbitraje comercial y de inversiones", volumen X, 2017, num. 2.

Estudios:
-Franco FERRARI y Friedrich ROSENFELD, Límites a la autonomía de las partes en arbitraje internacional, pp. 335-386
-Fernando ESTEBAN DE LA ROSA, Régimen de la resolución alternativa y en línea de litigios de consumo trans-fronterizos tras el nuevo marco europeo y la Ley 7/2017, pp. 387-424

Práctica arbitral:
-Leonel PEREZNIETO CASTRO, Arbitraje, buena fe, corrupción y orden público, en su dimensión internacional, pp. 425-434
-María Bernarda CARPIO FRIXONE y Martín FLORES MARTÍNEZ, El estándar de medios efectivos en el Derecho internacional de las inversiones: ¿un estándar autónomo o una creación antojadiza?: El caso Chevron II, pp. 435-464

Textos Legales:
-Legislación española

Jurisprudencia:
-Jurisprudencia española
-Jurisprudencia extranjera

Noticias
Bibliografía
Revista de Revistas

Revista de revistas (3 a 10 de diciembre)


-Columbia Journal of Transnational Law: vol. 55 (2017), núm. 3.

sábado, 9 de diciembre de 2017

DOUE 9.12.2017


-Reglamento (UE) 2017/2225 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2017, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/399 en lo que respecta a la utilización del Sistema de Entradas y Salidas.
Nota: El Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen), establece las condiciones, los criterios y las normas detalladas aplicables al cruce de las fronteras exteriores de los Estados miembros (véase la entrada de este blog del día 23.3.2016). Por su parte, el Reglamento (UE) 2017/2226 del Parlamento Europeo y del Consejo (véase la siguiente referencia de esta misma entrada) tiene por objeto crear un sistema centralizado para el registro de los datos de entrada y salida y de los datos sobre la denegación de entrada relativos a los nacionales de terceros países que cruzan las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión para una estancia de corta duración.
A fin de llevar a cabo inspecciones sobre los nacionales de terceros países de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/399, que incluyen la comprobación de la identidad de los nacionales de terceros países o su identificación o ambas, así como la comprobación de que el nacional de un tercer país no ha sobrepasado la duración máxima de estancia autorizada en el territorio de los Estados miembros, la guardia de fronteras debe utilizar toda la información disponible, incluidos los datos del Sistema de Entradas y Salidas establecido por el Reglamento (UE) 2017/2226 (SES), cuando sea necesario. Los datos almacenados en el SES también deben utilizarse para comprobar si los nacionales de terceros países titulares de un visado expedido para una o dos entradas han respetado el número máximo de entradas autorizadas.
En determinados casos, los nacionales de terceros países deben facilitar datos biométricos a efectos de las inspecciones fronterizas. Las condiciones de entrada de nacionales de terceros países deben modificarse, por lo tanto, para incluir la obligación de facilitar dichos datos biométricos. Si un nacional de un tercer país se niega a facilitar datos biométricos para la creación de su expediente individual o para la realización de inspecciones fronterizas, ha de adoptarse una decisión de denegación de entrada.
A fin de garantizar la plena efectividad del SES, las inspecciones de entrada y salida deben efectuarse de manera armonizada en las fronteras en las que se utilice el SES. El establecimiento del SES requiere adaptar los procedimientos para inspeccionar a quienes crucen fronteras en las que se utilice el SES. En particular, el SES tiene por objeto suprimir, a la entrada y a la salida, el sellado de los documentos de viaje de los nacionales de terceros países admitidos para una estancia de corta duración, sustituyéndolo por el registro electrónico de la entrada y salida directamente en el SES. Por otra parte, la interoperabilidad entre el SES y el Sistema de Información de Visados (VIS) establecido por la Decisión 2004/512/CE del Consejo debe tenerse en cuenta en los procedimientos de inspección fronteriza. Por último, el SES ofrece la posibilidad de utilizar nuevas tecnologías para el cruce de fronteras de los viajeros con estancias de corta duración. Dichas adaptaciones de los procedimientos de inspección fronteriza han de hacerse efectivas en los Estados miembros que utilicen el SES en la fecha de entrada en funcionamiento del SES que se determine con arreglo al Reglamento (UE) 2017/2226.

Este Reglamento será aplicable a partir de la fecha en que el SES entre en funcionamiento, determinada por la Comisión de conformidad con el artículo 66 del Reglamento (UE) 2017/2226 (art. 2).
-Reglamento (UE) 2017/2226 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2017, por el que se establece un Sistema de Entradas y Salidas (SES) para registrar los datos de entrada y salida y de denegación de entrada relativos a nacionales de terceros países que crucen las fronteras exteriores de los Estados miembros, se determinan las condiciones de acceso al SES con fines policiales y se modifican el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen y los Reglamentos (CE) n.o 767/2008 y (UE) n.o 1077/2011.
Nota: A fin de avanzar en la mejora de la gestión de las fronteras exteriores y, en particular, comprobar el cumplimiento de las disposiciones relativas al período de estancia autorizada en el territorio de los Estados miembros, debe establecerse un SES que registre electrónicamente el momento y el lugar de entrada y salida de los nacionales de terceros países admitidos para una estancia de corta duración en el territorio de los Estados miembros y calcule la duración de su estancia autorizada. Dicho sistema debe sustituir la obligación de sellar los pasaportes de los nacionales de terceros países aplicable en todos los Estados miembros.
Es necesario especificar los objetivos del SES, las categorías de datos que se introducirán en el sistema, los fines para los que se utilizarán, los criterios de introducción, las autoridades facultadas para acceder a los datos, otras normas en materia de tratamiento de datos y protección de datos personales, así como la arquitectura técnica del SES, las normas relativas a su funcionamiento y utilización, y la interoperabilidad con otros sistemas de información. Asimismo, se deben definir las responsabilidades del SES.
El SES debe aplicarse a los nacionales de terceros países admitidos para una estancia de corta duración en el territorio de los Estados miembros. También debe aplicarse a los nacionales de terceros países cuya entrada para una estancia de corta duración se haya denegado.
El SES debería utilizarse en las fronteras exteriores de los Estados miembros que apliquen el acervo de Schengen íntegramente. En cuanto a las condiciones de funcionamiento del SES, este debe aplicarse en las fronteras exteriores de aquellos Estados miembros que aún no aplican el acervo de Schengen íntegramente, pero para los que la verificación con arreglo al procedimiento de evaluación de Schengen aplicable ya se haya completado con éxito, a los que se haya concedido un acceso pasivo al Sistema de Información de Visados (VIS) establecido por la Decisión 2004/512/CE del Consejo con el fin de que utilicen el SES y para los que las disposiciones del acervo de Schengen relativas al Sistema de Información de Schengen (SIS), establecido por el Reglamento (CE) n.o 1987/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, ya se hayan puesto en aplicación con arreglo al respectivo Tratado de Adhesión.
Procede incluir una calculadora automática en el SES. La calculadora automática debe tener en cuenta las estancias en el territorio de los Estados miembros que utilicen el SES para calcular el límite global de 90 días en cualquier período de 180 días. Los objetivos del SES deben ser mejorar la gestión de las fronteras exteriores, prevenir la inmigración irregular y facilitar la gestión de los flujos migratorios. En particular y cuando proceda, el SES debe contribuir a la identificación de cualquier persona que no cumpla o haya dejado de cumplir las condiciones de duración de la estancia autorizada en el territorio de los Estados miembros. Además, el SES debe contribuir a la prevención, detección e investigación de los delitos de terrorismo y de otros delitos graves.
Los datos personales almacenados en el SES no deben conservarse más tiempo del estrictamente necesario para los fines para los cuales se tratan los datos. Deben establecerse normas sobre la responsabilidad de los Estados miembros por los daños causados en caso de infracción del Reglamento.

De conformidad con el art. 2, este Reglamento se aplica a:
- Los nacionales de terceros países admitidos para una estancia de corta duración en el territorio de los Estados miembros que estén sujetos a controles fronterizos, al cruzar las fronteras en las que se utilice el SES,
- Los nacionales de terceros países a la entrada y a la salida del territorio de los Estados miembros, siempre que sean miembros de la familia de un ciudadano de la Unión al que se aplique la Directiva 2004/38/CE o de un nacional de un tercer país que disfrute de un derecho de libre circulación equivalente al de los ciudadanos de la Unión en virtud de un acuerdo entre la Unión y sus Estados miembros, por una parte, y un tercer país, por otra; y siempre que no sean titulares de una tarjeta de residencia en virtud de la Directiva 2004/38/CE ni de un permiso de residencia en virtud del Reglamento (CE) n.o 1030/2002 del Consejo.
- Los nacionales de terceros países cuya entrada para una estancia de corta duración al territorio de los Estados miembros sea denegada de conformidad con el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/399.

De acuerdo con el art. 73, este Reglamento se aplicará a partir de la fecha decidida por la Comisión con arreglo a su art. 66.1, con excepción de los siguientes artículos, que serán aplicables a partir del 29 de diciembre de 2017: arts. 5, 36, 37, 38, 43, 51; art. 61.5, en lo que se refiere al art. 17 bis, ap. 5, del Reglamento (CE) n.o 767/2008; art. 61.10, en lo que se refiere al art. 26, ap. 3bis, del Reglamento (CE) n.o 767/2008; los arts. 62, 64, 65, 66, 68, 69 y 70, y art. 72.2.

jueves, 7 de diciembre de 2017

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (7.12.2017)


-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta) de 7 de diciembre de 2017, en el asunto C‑598/15 (Banco Santander): Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Contratos celebrados con los consumidores — Cláusulas abusivas — Facultades del órgano jurisdiccional nacional — Efectividad de la protección reconocida a los consumidores — Contrato de préstamo hipotecario — Procedimiento extrajudicial de ejecución de la garantía hipotecaria — Procedimiento judicial simplificado de reconocimiento de los derechos reales del adjudicatario.
Fallo del Tribunal: "El artículo 6, apartado 1, y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, no resultan de aplicación en un procedimiento como el que es objeto del litigio principal, iniciado por quien obtuvo la adjudicación de un bien inmueble en un proceso de ejecución extrajudicial de la garantía hipotecaria constituida sobre ese bien por un consumidor en beneficio de un acreedor profesional y que persigue la protección de los derechos reales legalmente adquiridos por el adjudicatario, en la medida en que, por una parte, ese procedimiento es independiente de la relación jurídica que une al acreedor profesional y al consumidor y, por otra parte, la garantía hipotecaria ha sido ejecutada, el bien inmueble ha sido vendido y los derechos reales sobre el mismo han sido transmitidos sin que el consumidor haya hecho uso de los recursos legales previstos en este contexto."
-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava) de 7 de diciembre de 2017, en el asunto C‑636/16 (López Pastuzano): Procedimiento prejudicial — Estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración — Directiva 2003/109/CE — Artículo 12 — Adopción de una orden de expulsión contra un residente de larga duración — Elementos que deben tomarse en consideración — Normativa nacional — Falta de toma en consideración de dichos elementos — Compatibilidad.
Fallo del Tribunal: "El artículo 12 de la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro que, tal como es interpretada por una parte de los órganos jurisdiccionales de éste, no contempla la aplicación de los requisitos de protección contra la expulsión de un nacional de un tercer Estado residente de larga duración respecto de toda decisión administrativa de expulsión, cualquiera que sea la naturaleza o modalidad jurídica de la misma."

Jurisprudencia - Responsabilidad del Estado por el trato fiscal diferenciado a residentes y no residentes en los impuestos de sucesiones y donaciones


Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, Sentencia 1566/2017 de 17 Oct. 2017, Rec. 2/2016: Responsabilidad de las administraciones públicas. Administración del Estado. Impuesto de sucesiones. Revocación del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se desestimó la solicitud indemnizatoria formulada por la recurrente, en concepto de responsabilidad patrimonial derivada del abono del impuesto de sucesiones como legítima heredera, en aplicación de una normativa estatal reguladora del citado impuesto, declarada contraria al derecho de la Unión Europea por STJUE. Incumplimiento del derecho europeo, al establecer diferencias en el trato fiscal de las donaciones y las sucesiones entre los causahabientes y los donatarios residentes y no residentes en España. Al conocer España el criterio del TJUE, plasmado con anterioridad al devengo del impuesto de sucesiones y de manera clara, España tenía que haber adaptado su normativa al derecho europeo. Relación de causalidad directa. La diferencia de trato, prohibida por el derecho europeo, es la causante directa del daño cuya indemnización se reclama.
Ponente: Trillo Alonso, Juan Carlos.
Nº de Sentencia: 1566/2017
Nº de Recurso: 2/2016
Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
Diario La Ley, Nº 9095, Sección Jurisprudencia, 7 de Diciembre de 2017
ECLI: ES:TS:2017:3661

miércoles, 6 de diciembre de 2017

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (6.12.2017)


CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. EVGENI TANCHEV, presentadas el 6 de diciembre de 2017 en el asunto C‑565/16 (Saponaro y Xylina): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Eirinodikeio Lerou (Juzgado de Paz de Leros, Grecia)] Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (CE) n.º 2201/2003 — Reglamento Bruselas II bis — “Aceptación” de la competencia con arreglo al artículo 12, apartado 3 — Competencia internacional en materia de responsabilidad parental — Competencia del órgano jurisdiccional de un Estado miembro ante el que se ha presentado una solicitud de autorización judicial para repudiar una herencia en nombre de un menor — Prórroga de la competencia — Artículo 1, apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) n.º 650/2012.
Nota: El Abogado General propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"El artículo 12, apartado 3, letra b), del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000 («Reglamento Bruselas II bis»), debe interpretarse en el sentido de que:
a) la mera presentación de una solicitud ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, al que el menor esté estrechamente vinculado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12, apartado 3, letra a), del Reglamento Bruselas II bis, demuestra la aceptación inequívoca por parte de los solicitantes de la competencia de dicho órgano jurisdiccional;
b) un fiscal, que es parte en el procedimiento de conformidad con el Derecho nacional del Estado miembro del foro, también debe aceptar la competencia del órgano jurisdiccional ante el que se ha presentado la solicitud y puede hacerlo mediante su conformidad una vez se le haya notificado dicha solicitud, y
c) el criterio del «interés superior del menor» no es un elemento independiente, si bien confiere al juez la facultad y el deber de corregir la aplicación del artículo 12, apartado 3, letra b), del Reglamento Bruselas II bis en supuestos atípicos."

BOE de 6.12.2017


-Entrada en vigor del Acuerdo Multilateral entre la República de Albania, Bosnia y Herzegovina, la República de Bulgaria, la República de Croacia, la Comunidad Europea, la República de Islandia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, el Reino de Noruega, Serbia y Montenegro, Rumanía y la Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo sobre la creación de una Zona Europea Común de Aviación (ZECA), hecho en Luxemburgo el 9 de junio de 2006.
Nota: El Acuerdo entró en vigor el 1 de diciembre de 2017, finalizando así su aplicación provisional por España, iniciada el 31 de julio de 2007.
Este Acuerdo Multilateral tiene por objeto crear una Zona Europea Común de Aviación (ZECA), que se basará en el libre acceso al mercado, la libertad de establecimiento, la igualdad de condiciones de competencia y la existencia de normas comunes en materia de seguridad aérea, protección de la aviación, gestión del tránsito aéreo y medio ambiente (art. 1). De él cabe destacar las siguientes ideas:
-Se prohíbe toda discriminación por razón de nacionalidad (art. 6).
-En el ámbito de aplicación y las condiciones del Acuerdo no se impondrán restricciones a la libertad de establecimiento de los nacionales de un Estado miembro de la UE o socio de la ZECA en el territorio de ninguno de éstos (art. 7).
-En el ámbito del Acuerdo se aplicarán las disposiciones del Anexo III (normas sobre competencia y ayudas estatales) (art. 14).
-Se podrán someter las controversias relativa a la aplicación o interpretación del Acuerdo al Comité Mixto, excepto cuando el Acuerdo establezca procedimientos específicos (art. 20).
-Las disposiciones del Acuerdo prevalecerán sobre las disposiciones correspondientes de los acuerdos y/o arreglos bilaterales de transporte aéreo vigentes entre las Partes asociadas, por un lado, y la UE, un Estado miembro de la UE, Noruega o Islandia, por otro, así como entre las Partes asociadas (art. 28).
-Circular 4/2017, de 27 de noviembre, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros.
Nota: De acuerdo con su exposición de motivos, esta disposición tiene por objeto adaptar el régimen contable de las entidades de crédito españolas a los cambios del ordenamiento contable europeo derivados de la adopción de dos nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) –la NIIF 15 y la NIIF 9–, que a partir del 1.1.2018 modificarán los criterios de contabilización de los ingresos ordinarios y de los instrumentos financieros, respectivamente, resultando estos últimos de especial trascendencia para las entidades de crédito.
Con carácter general, la circular se aplica, entre otros, a las sucursales de entidades de crédito extranjeras que operen en España, a los grupos de entidades de crédito, y a los grupos consolidables de entidades de crédito (art. 1).

martes, 5 de diciembre de 2017

Bibliografía - Aplicación analógica de las compensaciones del Reglamento (CE) 261/2004 a supuestos de transporte aéreo sujetos al Convenio de Montreal


Aplicación analógica de las compensaciones del Reglamento CE 261/2004 a supuestos de transporte aéreo sujetos al Convenio de Montreal. Comentario a la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 21 de septiembre de 2017
Juan FLAQUER RIUTORT, Profesor Titular de Derecho Mercantil (Universitat de les Illes Balears)
Diario La Ley, Nº 9094, Sección Tribuna, 5 de Diciembre de 2017
El autor analiza la sentencia dictada por la AP Barcelona sobre la aplicación analógica de las compensaciones contempladas en el Reglamento europeo 261/2004 para casos de cancelación o gran retraso en los vuelos a las normas del Convenio de Montreal de 28 de mayo de 1999. Las significativas diferencias entre el régimen contenido en el Reglamento CE y el Convenio de Montreal son objeto de estudio, haciendo hincapié en la discrepancias existentes en la doctrina jurisprudencial sobre dicha aplicación.

Nota: Véase la sentencia Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 21 septiembre 2017, núm. 377/2017 (Rec. 508/2016) [Roj: SAP B 6263/2017 - ECLI: ES:APB:2017:6263].


Bibliografía - Entrada en vigor del Reglamento Europeo sobre procedimientos de insolvencia


Entrada en vigor del Reglamento Europeo 2015/848 de 20 de mayo de 2015 sobre procedimientos de insolvencia
Juan Manuel DE CASTRO ARAGONÉS, Socio RCD - Rousaud Costas Duran, Magistrado especialista mercantil en excedencia; Carlos HERNÁNDEZ DURAN, Abogado RCD - Rousaud Costas Duran
Diario La Ley, Nº 9094, Sección Tribuna, 5 de Diciembre de 2017
El pasado 26 de junio de 2017 se produjo, al fin, la entrada en vigor del Reglamento UE 2015/848 sobre procedimientos de insolvencia, casi dos años después de su publicación, y más de cinco años después de que la Comisión Europea lanzara su primera propuesta en 2012.

Nota: Véase el el Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre procedimientos de insolvencia (texto refundido), así como la entrada de este blog del día 26.6.2017.

lunes, 4 de diciembre de 2017

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


SENTENCIAS

-Asunto C-413/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 10 de octubre de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court — Irlanda) — Elaine Farrell / Alan Whitty, The Minister for the Environment, Ireland, Attorney General, Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI) (Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación de los vehículos automóviles — Directiva 90/232/CEE — Artículo 1 — Responsabilidad en caso de daños corporales causados a todos los ocupantes de un vehículo, con excepción del conductor — Seguro obligatorio — Efecto directo — Directiva 84/5/CEE — Artículo 1, apartado 4 — Organismo responsable de indemnizar los daños materiales o corporales causados por un vehículo no identificado o por el cual no haya sido satisfecha la obligación de aseguramiento — Invocabilidad de una directiva frente a un Estado — Requisitos con arreglo a los cuales es posible considerar que un organismo de Derecho privado es una emanación del Estado y oponerle las disposiciones de una directiva que pueden tener efecto directo)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 10.10.2017.
-Asunto C-218/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 12 de octubre de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim — Polonia) — Procedimiento incoado por Aleksandra Kubicka [Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Reglamento (UE) n.° 650/2012 — Sucesiones y certificado sucesorio europeo — Ámbito de aplicación — Bien inmueble situado en un Estado miembro que no reconoce el legado vindicatorio — Denegación del reconocimiento de los efectos reales de dicho legado]
Nota: Véase la entrada de este blog del día 12.10.2017.
-Asunto C-278/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 12 de octubre de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Aachen, Alemania) — Proceso penal contra Frank Sleutjes (Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia penal — Directiva 2010/64/UE — Artículo 3, apartado 1 — Derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales — Traducción de «documentos esenciales» — Concepto de «documentos esenciales» — Resolución judicial de autorización de un decreto de propuesta de proposición de pena dictada tras un procedimiento unilateral abreviado y que condena a su destinatario a una multa por una infracción leve)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 12.10.2017.
NUEVOS ASUNTOS

-Asunto C-235/17: Recurso interpuesto el 5 de mayo de 2017 — Comisión Europea / Hungría
Nota: La Comisión interpone este recurso porque considera que la normativa húngara, al limitar de manera flagrantemente desproporcionada el usufructo de terrenos agrícolas y forestales, es incompatible con las obligaciones que le incumben en virtud de los arts. 49 y 63 TFUE y del art. 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. La supresión ex lege de los derechos de usufructo constituye una limitación de la libertad de establecimiento garantizada por el art. 49 TFUE y también viola la libre circulación de capitales, ya que tiene como efecto impedir o limitar la inversión en inmuebles situados en Hungría por parte de quienes no tienen la nacionalidad húngara. Tal normativa provoca una devaluación de los derechos de usufructo existentes, lo que también comporta una limitación de la libre circulación de capitales.
-Asunto C-512/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu (Polonia) el 22 de agosto de 2017 — HR
Cuestiones planteadas:
"1) En las circunstancias del presente asunto, ¿debe interpretarse el artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1347/2000, en el sentido de que la residencia habitual de un menor de 18 meses es el Estado miembro que, por las siguientes circunstancias, corresponde al lugar que revela una cierta integración del menor en un entorno social y familiar —a saber, la nacionalidad del progenitor que ejerce diariamente la custodia del menor; el hecho de que este último se exprese en la lengua oficial de este Estado miembro; el hecho de que haya sido bautizado en el mismo y haya efectuado en él estancias de hasta tres meses durante los permisos parentales de este progenitor, así como durante otros permisos de los que éste se haya beneficiado durante períodos festivos, y los contactos con la familia de dicho progenitor—, cuando el menor reside el resto del tiempo con este progenitor en otro Estado miembro, dicho progenitor presta sus servicios en el mismo en virtud de un contrato de trabajo por tiempo indefinido y el menor mantiene en dicho Estado miembro un contacto regular pero limitado en el tiempo con el otro progenitor y la familia de éste?
2) Para determinar sobre la base del artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.o 2201/2003 la residencia habitual del menor de 18 meses que, debido a su edad, se halla diariamente bajo la custodia de uno solo de sus progenitores y que mantiene un contacto regular pero limitado en el tiempo con el otro progenitor, en caso de falta de acuerdo de los progenitores en cuanto al ejercicio de la patria potestad y al derecho de visita del menor, ¿deben tenerse en cuenta en igual medida, con vistas a apreciar la integración del menor en un entorno social y familiar, los vínculos que unen al menor con cada uno de sus progenitores, o deben tenerse en cuenta en mayor medida los vínculos que le unen con el progenitor que ejerce diariamente su custodia?"
-Asunto C-535/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) el 11 de septiembre de 2017 — NK, en su condición de síndico de las quiebras de OJ B.V. Y PI / BNP Paribas Fortis NV
Cuestiones planteadas:
"1) ¿Está comprendida en la excepción del artículo 1, apartado 2, inicio y letra b), del Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, la demanda de indemnización por daños y perjuicios interpuesta contra un tercero por el síndico en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 68, apartado 1, de la Faillissementswet (Ley de quiebras) para administrar y liquidar la masa de la quiebra en nombre del conjunto de los acreedores del quebrado, por haber actuado dicho tercero de forma ilícita frente a los acreedores, y cuyo producto, en caso de que prospere dicha demanda, se integra en la masa de la quiebra?
2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión y si la demanda en cuestión está, por tanto, comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia, ¿se rige esta demanda por el Derecho del Estado miembro en el que se ha abierto el procedimiento de insolvencia conforme al artículo 4, apartado 1, de dicho Reglamento tanto en lo que respecta a la facultad del síndico para interponer la demanda como en lo que respecta al Derecho material aplicable a dicha demanda?
3) En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, ¿debe tener en cuenta, en su caso por analogía, el juez del Estado miembro en el que se ha abierto el procedimiento de insolvencia:
a) lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (CE) n.o 1346/2000 […], en el sentido de que la parte en cuestión puede defenderse contra una acción ejercitada por el síndico por cuenta del conjunto de los acreedores demostrando que su actuación no daría lugar a responsabilidad si se apreciara conforme al Derecho que sería aplicable si su responsabilidad no fuera reclamada por el síndico, sino por un acreedor individual por acto ilícito;
b) lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento (CE) n.o 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II»), en relación con el artículo 13 del Reglamento (CE) n.o 1346/2000 […], es decir, las normas de seguridad y comportamiento vigentes en el lugar del hecho supuestamente ilícito, como las normas de comportamiento financiero aplicables a los bancos?"
-Asunto C-573/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Amsterdam (Países Bajos) el 28 de septiembre de 2017 — Openbaar Ministerie / Daniel Adam Popławski
Cuestiones planteadas:
"1) Si la autoridad judicial de ejecución no puede interpretar las disposiciones nacionales de ejecución de una decisión marco de tal forma que su aplicación conduzca a un resultado conforme con la decisión marco, ¿está obligada a dejar inaplicadas, en virtud del principio de primacía, las disposiciones nacionales incompatibles con las disposiciones de la decisión marco?
2) ¿Es válida la declaración de un Estado miembro, en el sentido del artículo 28, apartado 2, de la Decisión Marco 2008/909/JAI, que haya realizado no «en el momento de la adopción de la presente Decisión marco», sino en un momento posterior?"

Bibliografía - Cuestiones procesales derivadas del Delito de trata de seres humanos


Cuestiones procesales derivadas del Delito de trata de seres humanos
Tania GARCÍA SEDANO, Magistrada suplente de la Audiencia Provincial de Ávila, Profesora Asociada de la Universidad Carlos III de Madrid y Profesora Colaboradora de la Universidad Pontificia de Comillas
Diario La Ley, Nº 9093, Sección Tribuna, 4 de Diciembre de 2017
La legalidad procesal española respecto a los mecanismos de investigación, persecución y protección de las víctimas es manifiestamente mejorable. La principal dificultad se halla en la deficiente regulación derivada de una ley ritual de 1881 que, si bien ha sido reformada, no lo ha hecho desde la perspectiva de protección de las víctimas y persecución de un delito vinculado con el crimen organizado. Las víctimas de la trata son reacias a prestar declaración por miedo a represalias por parte de los traficantes, por trauma, por sentimiento de vergüenza, por temor al rechazo de la familia y de la sociedad al regresar a su país de origen, por falta de confianza y de autoestima, y por la falta de información acerca de la protección y asistencia disponibles. La carga que recae sobre las víctimas resulta excesiva y se hace imprescindible un cambio en la perspectiva de la forma de abordar la persecución de este delito, desvinculando el éxito de la investigación criminal y el enjuiciamiento del delito de trata con la denuncia y/o declaración de la víctima.

domingo, 3 de diciembre de 2017

Bibliografía - Novedad Editorial


Acaba de aparecer la obra colectiva "Retos presentes y futuros de la política marítima integrada de la Unión Europea", coordinada por Laura Carballo Piñeiro y publicada por J.M. Bosch Editor.

Haciendo honor al tratamiento holístico de todas las políticas relacionadas con el mar que persigue la Política Marítima Integrada de la UE, esta obra recoge la reflexión conjunta de especialistas en Derecho del trabajo, y Derecho internacional público y privado sobre sus actores, ámbitos y relaciones con otras políticas, abarcando temáticas como las migraciones y los derechos laborales de las gentes de mar, la seguridad marítima, la pesca sostenible y otras formas de explotación de los recursos marinos como la biotecnología azul, la contención de la contaminación, empresas y derechos humanos, la lucha contra la delincuencia organizada y la educación en el marco de la economía azul.

Extracto del índice de la obra:
Parte I: LOS ACTORES DE LA POLÍTICA MARÍTIMA INTEGRADA DE LA UE

Capítulo 1 - La nueva Frontex y la protección de los derechos humanos en las fronteras exteriores de la Unión Europea, por Jorge Antonio QUINDIMIL LÓPEZ
Capítulo 2 - Migrantes y política marítima integrada de la Unión Europea: la Operación Sofía, por Manuel HINOJO ROJAS
Capítulo 3 - La libre circulación y otras libertades fundamentales de los trabajadores del mar en la jurisprudencia del TJUE, por Marta FERNÁNDEZ PRIETO
Capítulo 4 - los efectos del concepto de trabajador migrante según la jurisprudencia europea del trabajo en el mar, por Emma RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Capítulo 5 - El cómputo recíproco de cotizaciones para el acceso a las prestaciones por parte de los trabajadores del mar, por Andrés Ramón TRILLO GARCÍA
Capítulo 6 - Insolvencia del armador y protección de los trabajadores, por Laura CARBALLO PIÑEIRO
Capítulo 7 - Algunos interrogantes acerca de los Centros Portuarios de Empleo, por Jaime CABEZA PEREIRO
Capítulo 8 - Relación laboral de estiba portuaria y libertad de establecimiento: la respuesta en Derecho interno, por Francisca FERNÁNDEZ PROL
Capítulo 9 - La estiba portuaria tras la aprobación del Real Decreto 8/2017, de 12 de mayo, por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías, por Alexandre PAZOS PÉREZ
Capítulo 10 - The Legal Impact of Brexit on Seafarers’ Employment, por Jo CARBY-HALL

Parte II: LOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DE LA POLÍTICA MARÍTIMA INTEGRADA

Capítulo 11 - La estrategia de seguridad marítima de la Unión Europea, por José Manuel SOBRINO HEREDIA
Capítulo 12 - Retos de la política marítima integrada de la Unión Europea frente a las perspectivas de explotación mar adentro, Nathalie ROS
Capítulo 13 - Challenges in the Implementation of the EU’s Integrated Maritime Policy in Shared Sea-Basins, por Ioannis STRIBIS
Capítulo 14 - The Integrated Maritime Policy and Sea Basin Strategies: A Comparative Analysis of the Atlantic and Baltic Sea Strategies, por Annina Cristina BÜRGIN
Capítulo 15 - IUU Fishing, ITLOS and EU, por Guillaume LE FLOCH
Capítulo 16 - La explotación de los recursos genéticos marinos fuera de las zonas de jurisdicción nacional: buscando respuestas jurídicas para un nuevo escenario, por Belén SÁNCHEZ RAMOS
Capítulo 17 - Marco jurídico para el desarrollo de la biotecnología azul en la UE, por Laura MOVILLA PATEIRO
Capítulo 18 - La reducción de las emisiones de CO2 procedentes de buques de navegación marítima en el marco de la política marítima integrada de la Unión Europea, por Ana María MAESTRO CORTIZAS

Parte III: LAS RELACIONES DE LA POLÍTICA MARÍTIMA INTEGRADA CON OTRAS POLÍTICAS EUROPEAS, NACIONALES E INTERNACIONALES

Capítulo 19 - Dimensión internacional de la política marítima integrada: marco de acción en la Asamblea General de las NNUU, por Anna M. BADIA MARTÍ
Capítulo 20 - La adopción de medidas provisionales por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, por Eduardo JIMÉNEZ PINEDA
Capítulo 21 - Business and Human Rights in the Legal-Maritime Scenario, por Gabriela A. OANTA
Capítulo 22 - Cooperación judicial civil y derecho marítimo en la UE, por Rosario ESPINOSA CALABUIG
Capítulo 23 - La sentencia del Tribunal Supremo, de 23 de diciembre de 2016, y la jurisdicción de los tribunales españoles para conocer de delitos de pesca IUU cometidos por españoles en alta mar mediante buques de pabellón extranjero. Algunas consideraciones críticas, por Miguel GARCÍA GARCÍA-REVILLO
Capítulo 24 - Hacia un nuevo modelo de cooperación marítima contra el tráfico ilícito de drogas: la propuesta española, por Ruth GARCÍA LLAVE
Capítulo 25 - El limite exterior marítimo del Espacio Económico Europeo y la noción de territorio del Estado, por Marta SOBRIDO PRIETO
Capítulo 26 - El desarrollo de la regulación jurídica internacional de los derechos de los Estados sin litoral en el Derecho del mar, por Artak MKRTICHYAN
Capítulo 27 - The Sea as a Foreign Policy Goal? The Case of Portugal, por Pedro PONTE E SOUSA
Capítulo 28 - La educación, formación y competencias en el marco de la economía azul, por Ignacio CAMÓS VICTORIA
Ficha de la obra:
Laura Carballo Piñeiro (Coord.)
"Retos presentes y futuros de la política marítima integrada de la Unión Europea"
J.M. Bosch Editor, Barcelona, noviembre 2017
766 págs. - 81,73€ (sin IVA)
ISBN: 9788494763984

Revista de revistas (26 noviembre a 3 diciembre)


-Jus - Juristische Schulung: 2017, núm. 11.

sábado, 2 de diciembre de 2017

DOUE de 2.12.2017


Actualización de la lista de pasos fronterizos mencionados en el artículo 2, apartado 8, del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen).
Nota: Véase el Reglamento (UE) nº 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen).

viernes, 1 de diciembre de 2017

Congreso de los Diputados - Proyecto de Ley y proposición de Ley


-Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la Orden Europea de Investigación (BOCG-Congreso, Serie A, núm. 14-1, de 1.12.2017).
Nota: La Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea (véase la entrada de este blog del día 21.11.2014) representó la unificación normativa en el Derecho español, en un texto único, de todas las decisiones marco y las directivas aprobadas en esta materia incluyendo tanto las que ya habían sido transpuestas en nuestro Derecho como las que estaban pendientes. Esta ley se acompañaba de la Ley Orgánica 6/2014, de 29 de octubre, por la que se modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial y que efectuó un reconocimiento genérico a favor de los órganos judiciales con competencia en materia penal de aquellas facultades que se les encomienden por las normas específicas en materia de reconocimiento mutuo (véase la entrada de este blog del día 30.10.2014).
Por otro lado, la Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigación en materia penal se basa en un único instrumento para la obtención de prueba penal transfronteriza en la Unión Europea (véase la entrada de este blog del día 1.5.2014). La Directiva regula la orden europea de investigación, que se expedirá a efectos de obtener una o varias medidas de investigación específicas que se llevarán a cabo en el Estado de ejecución de la misma, con vistas a la obtención de pruebas o a recabar las que ya están en posesión de la autoridad de ejecución.
Este proyecto de ley aborda el mandato de transposición de la citada Directiva y, a tal fin, procede a modificar la Ley 23/2014 con el fin de incorporarla al Derecho español. También se prevén una serie de pequeños ajustes de cuestiones surgidas durante la vigencia de dicha ley y que era necesario actualizar o corregir.
Finalmente, el proyecto completa la transposición al Derecho español de la Decisión marco 2006/783/JAI del Consejo, de 6 de octubre de 2006 , relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso.

En otro orden cosas, el proyecto introduce a través de tres disposiciones finales sendas reformas de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita y la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado.
La modificación de la Ley 1/2000 se realiza con motivo de la aplicación desde el 18 de enero de 2017 del Reglamento (UE) n.º 655/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se establece el procedimiento relativo a la orden europea de retención de cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil (véase la entrada de este blog del día 27.6.2014). Dada la necesidad de ajustar el ordenamiento jurídico español al procedimiento que prevé la orden de retención de cuentas, se introduce una nueva disposición final (la vigésima séptima) en la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre medidas para facilitar la aplicación de la orden europea de retención de cuentas a continuación de las que ya se han adoptado para la aplicación de otros instrumentos europeos.
La segunda reforma incorporada a la parte final está encaminada a completar la adecuación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita a la Directiva (UE) 2016/1919 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativa a la asistencia jurídica gratuita a los sospechosos y acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detención (véase la entrada de este blog del día 4.11.2016).
Y, finalmente, la modificación de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado (véase la entrada de este blog del día 26.3.2014) tiene por objeto transponer la Directiva (UE) 2015/637 del Consejo, de 20 de abril de 2015, sobre las medidas de coordinación y cooperación para facilitar la protección consular de ciudadanos de la Unión no representados en terceros países y por la que se deroga la Decisión 95/553/CE (véase la entrada de este blog del día 24.4.2015), en aquellos aspectos en los que se precisa norma de rango legal.
-Proposición de Ley de modificación de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (BOCG-Congreso, Serie B, núm. 183-1, de 1.12.2017).
Nota: El 21 de julio de 2011 se promulgó la Ley 20/2011 del Registro Civil (véase la entrada de este blog del día 22.7.2011). La complejidad de la Ley y el cambio radical respecto al modelo anterior han dificultado su implantación y han conllevado varios aplazamientos de su entrada en vigor, a lo largo de los últimos años, con excepción parcial de algunos preceptos ya en aplicación. Según la exposición de motivos de esta proposición de ley, para hacer realidad lo dispuesto en la Ley 20/2011, es preciso aglutinar el consenso político y social necesario alrededor de un proyecto de transformación del Registro Civil con visos de permanencia en el futuro, que permitirá hacer realidad el cambio de modelo.
La modificación parcial de algunos aspectos de la Ley 20/2011, antes de su efectiva entrada en vigor tiene por objeto adaptar la norma legal al definitivo modelo de Registro Civil concebido, permitiendo con ello su implantación. Ello justifica el cambio propugnado, en el sentido de redefinir algunos aspectos de la Ley en cuanto a:
  • Preservar la naturaleza del Registro Civil como un servicio público y gratuito.
  • Garantizar el acceso a todos los ciudadanos, con una red de oficinas próxima e impulsando el acceso al registro mediante servicios electrónicos.
  • Aprovechar la experiencia y respetar los derechos de los empleados públicos a cargo de su llevanza.
La proposición prevé que las modificaciones introducidas entrarán en vigor en la misma fecha de la completa entrada en vigor de la Ley 20/2011; esto es, y por el momento, el 30 de junio de 2018 (véase la entrada de este blog del día 29.6.2017.

BOE de 1.12.2017


-Resolución de 23 de noviembre de 2017, de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se publican los criterios específicos aprobados para cada uno de los campos de evaluación.
Nota: Esta disposición fija los nuevos criterios que va a regir la evaluación de la actividad investigadora (conocidos vulgarmente como "sexenios"). Son criterios comunes a todos los campos:
- Como norma general, para obtener una evaluación positiva deberán presentarse cinco aportaciones en el currículum vitae abreviado. Excepcionalmente, el número de aportaciones podrá ser inferior si los trabajos tienen una extraordinaria calidad y han tenido una alta repercusión científica o técnica.
- Las aportaciones sólo serán valorables si significan progreso real del conocimiento. No se valorarán los trabajos meramente descriptivos o las reiteraciones de trabajos previos, excepto en los casos en que contribuyan claramente a la consolidación del conocimiento.
- Para que una aportación sea considerada, el solicitante deberá haber participado activamente en los trabajos que le dieron origen, como director o ejecutor del trabajo, y concretando su aportación específica a los mismos en los casos de multiautoría.
- Todas las aportaciones deberán estar publicadas en los años que se someten a evaluación. No se tendrán en cuenta la publicaciones aceptadas o en proceso de edición y, por tanto, no efectivamente publicadas en esos años. La existencia de un identificador «DOI» (Digital Object Identifier) asociado a una publicación con edición digital e impresa no significa que el artículo esté ya publicado en ese segundo formato, teniéndose por válidas y definitivas a estos efectos únicamente las fechas que figuren en el volumen impreso por poder existir diferencias en la datación de una y otra versión.
- Las evaluaciones únicas solicitadas, en aplicación de lo establecido en la disposición transitoria tercera del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, se valorarán ajustando, de ser preciso, los criterios que se detallan a continuación al estado de la ciencia y de la técnica en España en los años en que se realizaron los trabajos.
- Como paso previo a su valoración se establecerá si cada aportación es adecuada a la convocatoria, utiliza un medio de difusión apropiado y muestra responder a una línea de investigación coherente. Ello no implica juicio alguno sobre su calidad intrínseca, sino tan sólo constatar que se trata de una aportación evaluable.
A continuación se recogen los criterios específicos para cada uno de lo campos del conocimiento. Entre ellos, cabe destacar los del Campo 9 (Derecho y Jurisprudencia):
1. Todas las aportaciones deberán ser clasificables como ordinarias según la Orden de 2 de diciembre de 1994, salvo casos excepcionales.
2. El número de autores de una aportación deberá estar justificado por el tema, su complejidad y su extensión. Los solicitantes deberán indicar, justificándolo, cuál ha sido su aportación material al trabajo publicado de forma conjunta.
3. En la valoración de los trabajos se atenderá al medio de difusión empleado, aceptándose como indicio de calidad la publicación en revistas y editoriales de reconocido prestigio.
Respecto a libros se considerarán especialmente los publicados en editoriales de reconocido prestigio y con un procedimiento selectivo para la aceptación de originales (según sistemas recogidos en el Scholarly Publishers Indicators) Se tendrán en cuenta también el número y carácter de las citas recibidas, las reseñas y críticas en revistas especializadas, la colección, la traducción a otras lenguas, etc. Deberán reflejar claramente que son fruto de la investigación o de la reflexión documentada.
Las aportaciones en forma de capítulo de libro deberán acompañarse de indicios de calidad relevantes referidos exclusivamente a la propia aportación y no así a la obra, al editor o coordinador o al resto de los autores. En este caso, se excluye la presentación de aportaciones en coautoría, salvo prueba fehaciente de su relevancia científica y con clara explicación de la labor concreta desempeñada por el coautor solicitante.
Se valorará como indicio de calidad la publicación en revistas científicas especializadas y reconocidas, españolas o extranjeras, que preferentemente deberán cumplir los criterios que se especifican en el apéndice de esta Resolución. Las revistas electrónicas estarán sujetas a los mismos criterios de evaluación que las demás.
Se valorará como indicio de calidad la traducción de la propia obra a otros idiomas de significación para la comunidad científica internacional y las reseñas en revistas científicas especializadas y de relevancia acreditada.
4. Las aportaciones se valorarán teniendo en cuenta la originalidad, el rigor, la metodología y la repercusión que hayan tenido en el ámbito del Derecho. En todo caso las aportaciones deberán mostrar evidencias claras de constituir un trabajo con el grado de elaboración y estructuración propio de la literatura científico-jurídica valiosa. No se valorarán positivamente trabajos de acusada concisión salvo que se aporten indicios notorios de su calidad y relevancia.
Se valorarán preferentemente:
a) Aquellas que desarrollen nuevas perspectivas del pensamiento jurídico.
b) Las que supongan investigaciones originales sobre la evolución histórica, social o cultural de las normas.
c) Los estudios y trabajos de política jurídica y aquellos que introduzcan propuestas relevantes de perfeccionamiento de las normas en relación con el sistema jurídico español o internacional. Aquellos que aporten conocimientos e instrumentos conceptuales y analíticos para mejorar la eficacia de las normas jurídicas y el cumplimiento de sus objetivos, así como los análisis que ofrezcan soluciones a problemas de interpretación, lagunas y contradicciones del ordenamiento jurídico español o internacional.
d) Los análisis de jurisprudencia que se basen en decisiones jurisprudenciales sobre un tema o temas conexos, que tengan por objeto esclarecer los criterios de actuación de los tribunales y su evolución, así como los comentarios sobre sentencias especialmente relevantes para el entendimiento y posterior aplicación del Derecho.
e) Las obras generales que se reconozcan como de referencia dentro de la disciplina o supongan un progreso en la organización de un campo temático poco estructurado.
Se valorará desfavorablemente la reiterada publicación de trabajos en revistas o editoriales pertenecientes o asociadas al mismo organismo donde el solicitante realiza su investigación.
5. Como criterio general, se presume que no cumplen los criterios señalados en el apartado 4:
a) Los libros de texto, programas, apuntes, casos o supuestos prácticos que tengan como objetivo prioritario servir de material docente. Los libros y artículos de divulgación profesional, así como los artículos en revistas de información general.
b) Las ediciones de textos o las traducciones, salvo que se consideren de singular relevancia o estén precedidas de prólogos o estudios preliminares o acompañados de anotaciones que sean fruto de una investigación personal y supongan una aportación apreciable a su campo temático.
c) Las meras recopilaciones legislativas, aunque incluyan anotaciones sobre disposiciones concordantes, complementarias o derogadas.
d) Los dictámenes y proyectos.
6. Como norma general, para poder alcanzar una evaluación positiva, las cinco aportaciones del currículum vitae abreviado deberán cumplir lo descrito en los apartados anteriores.
No se valorarán como aportaciones distintas cada una de las contribuciones en que haya podido ser dividida una misma investigación en el caso de que, por su contenido y características, debiera constituir una única monografía o un único artículo de revista. Se valorarán las aportaciones de diferente contenido pero derivadas de una línea de investigación coherente.
-Orden PRA/1174/2017, de 30 de noviembre, por la que se convoca la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado para el año 2018.
Nota: Mediante esta disposición se convoca, sin limitación alguna en el número de plazas, la prueba de evaluación para la acreditación de la capacitación profesional para el acceso a la profesión de Abogado dirigida a comprobar la formación suficiente para el ejercicio de la profesión, el conocimiento de las respectivas normas deontológicas y profesionales y en particular la adquisición de las competencias previstas en los cursos de formación impartidos por Universidades o Escuelas de práctica jurídica debidamente acreditadas. La prueba será única e idéntica para todo el territorio español.

El programa que regirá la evaluación se encuentra en el anexo II y contiene una descripción orientativa de las materias y competencias necesarias para el acceso a la profesión de Abogado que serán objeto de la evaluación.

Pueden concurrir todas aquellas personas que reúnan los requisitos personales mencionados en el núm. 4 de la convocatoria en la fecha de realización de la prueba.

Para poder participar en la prueba de evaluación deberá cumplimentarse el modelo de solicitud de inscripción (anexo I), que podrá descargarse en portal web del Ministerio de Justicia. En la solicitud de admisión se incluirá una declaración responsable referente al cumplimiento de todos los requisitos a que se refiere el num. 4 de la convocatoria. El plazo de presentación de las solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de publicación de esta convocatoria en el BOE.

La participación en la prueba de evaluación será gratuita.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará la lista provisional de aspirantes incluidos y excluidos a la prueba de aptitud que podrá consultarse en la página web del Ministerio de Justicia. En los términos previstos en el núm. 10, en la lista provisional de aspirantes incluidos y excluidos se hará constar, en su caso, el idioma de realización de la prueba solicitado por el aspirante. A continuación, se concederá un plazo de diez días hábiles, contados a partir de la publicación del listado provisional en el citado portal web, para subsanar el defecto que haya motivado la exclusión u omisión. Finalizado el plazo de subsanación, se publicará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que podrá consultarse en el portal web del Ministerio de Justicia y fijará el lugar, la fecha y la hora para la realización del ejercicio.

Con posterioridad a esta convocatoria, se constituirán las Comisiones evaluadoras en función del número de aspirantes presentados procedentes de las distintas Universidades y Escuelas de práctica jurídica de cada Comunidad Autónoma. Las Comisiones evaluadoras dependerán funcionalmente del Ministerio de Justicia, a cuyos representantes corresponderá la presidencia en cada una de las mismas, ostentando la secretaría los representantes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

La prueba de aptitud podrá realizarse, a libre elección del aspirante, en castellano o en la lengua cooficial autonómica del lugar de celebración del examen. A efectos de facilitar la realización de la prueba en cualquiera de las lenguas cooficiales autonómicas, el interesado deberá señalar el idioma en el que desea realizar la misma en el apartado correspondiente de su solicitud de inscripción. En caso de que no se consignara ninguno, se entenderá que realizará el examen en castellano. Se pondrá a disposición de los aspirantes la realización de la prueba en la lengua cooficial correspondiente, de acuerdo con lo señalado en su solicitud de inscripción. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que el aspirante señalara la realización de la prueba en una lengua cooficial de una Comunidad Autónoma en la que, de conformidad con el núm. 9, no se constituyera Comisión evaluadora, realizará el examen en castellano.

En relación con el desarrollo de la prueba, conviene leerse con atención el núm. 11 de la convocatoria. A continuación resumo los puntos fundamentales:
  • La evaluación consistirá en una prueba escrita objetiva de contenido teórico-práctico con contestaciones o respuestas múltiples con una duración de 4 horas.
  • Su contenido se fijará por el Ministerio de Justicia y tendrá como base el programa orientativo de materias que se contiene en el anexo II.
  • Los aspirantes serán convocados para la prueba en llamamiento único, siendo excluidos de la prueba de evaluación los que no comparezcan.
  • A los aspirantes se les entregará un cuaderno de examen, que contendrá 50 preguntas sobre las materias que figuran en el apartado A «Materias comunes al ejercicio de la profesión de Abogado» del anexo II; 25 preguntas sobre una especialidad jurídica a elegir entre las cuatro que figuran en el apartado B, «Materias específicas», del anexo II; además, el cuestionario incluirá seis preguntas de reserva para el apartado A y dos por cada especialidad jurídica del apartado B. Junto con el cuaderno de examen se les hará entrega de una hoja de respuestas con las correspondientes instrucciones para su cumplimentación.
  • La hoja de respuestas estará dividida en dos partes: Una primera parte de 50 respuestas, cada una con 4 respuestas alternativas de las que sólo una es la correcta, que se referirán a las materias relacionadas con el apartado A y una segunda parte con cuatro bloques de 25 respuestas cada bloque y cada una con 4 alternativas de las que igualmente sólo una de ellas es correcta, con la mención en la parte superior de la especialidad jurídica de que se trate. En esta segunda parte, los aspirantes únicamente deberán elegir una especialidad jurídica entre las cuatro posibles. En los supuestos en los que en la hoja de respuestas se conteste a más de una especialidad jurídica, o no se señale ninguna especialidad jurídica o se cumplimente de forma incorrecta, el aspirante resultará eliminado automáticamente de la prueba.
  • No estará permitido el uso de textos legales ni manuales jurídicos ni otros documentos de apoyo. Tampoco se permitirá el uso de teléfonos móviles, ni de cualquier otro dispositivo con capacidad de almacenamiento de información o posibilidad de comunicación mediante voz o datos dentro del recinto de examen, una vez iniciado el ejercicio y hasta el final del mismo.
  • Durante la celebración del ejercicio, los aspirantes no podrán abandonar el aula, salvo causa excepcional e inaplazable, hasta transcurrida una hora del comienzo del ejercicio. Posteriormente podrán hacerlo momentáneamente en caso de necesidad, debidamente autorizados, disponiéndose lo necesario para garantizar su incomunicación. Estas ausencias no darán derecho a prórrogas en el tiempo hábil para contestar el cuestionario.
El cuestionario se valorará sobre una escala de 0 a 75 puntos, obteniéndose 1 punto por cada respuesta correcta, descontándose 0,33 puntos por cada respuesta incorrecta y no obteniendo ninguna puntuación las preguntas no contestadas. La calificación total se obtendrá mediante la suma de las puntuaciones obtenidas por las respuestas correctas deduciéndose las incorrectas. Tras la celebración de la prueba, se harán públicas en el portal web del Ministerio de Justicia las plantillas provisionales de las respuestas correctas. Una vez publicadas las plantillas provisionales, los interesados, en un plazo de cinco días naturales a contar desde el día siguiente al de su publicación, podrán presentar las reclamaciones que estimen pertinentes respecto a la formulación de las preguntas y de las correspondientes respuestas correctas. Las preguntas que resulten anuladas serán sustituidas, por su orden y en función del apartado al que pertenezcan, por las preguntas de reserva, de tal modo que en todo caso el cuestionario constará de 75 preguntas válidas. Resueltas las reclamaciones, se publicará en el portal web del Ministerio de Justicia la plantilla definitiva de respuestas.

La calificación final resultará de la media ponderada entre el 70 por 100 de la calificación obtenida en la prueba de evaluación y el 30 por 100 de la nota obtenida en el master o curso de formación especializada, no siendo necesario obtener una nota mínima en la prueba de evaluación para efectuar la media ponderada. Para obtener la calificación de apto será necesario obtener una nota igual o superior al 50 por 100 de la media ponderada de ambas calificaciones en base 10, esto es, 5 puntos. La calificación de no apto no impedirá la participación en futuras convocatorias. Los aspirantes que no hayan aprobado la evaluación podrán presentar por escrito, a los efectos de subsanar exclusivamente posibles errores materiales en la corrección, en el plazo de tres días, desde la fecha en que se publiquen las calificaciones definitivas, solicitud de revisión.

El Ministerio de Justicia expedirá los títulos profesionales de Abogado de todos los aspirantes que hayan resultado aptos y de los cuales se haya acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos en esta convocatoria. Los títulos profesionales de Abogado de aquellos aspirantes que hayan resultado aptos y hayan realizado la evaluación en una Comunidad Autónoma que haya asumido la competencia ejecutiva de expedición de títulos profesionales, serán expedidos por los órganos competentes de dichas Comunidades Autónomas, una vez acreditados los requisitos exigidos en la convocatoria.

Con el objeto de simplificar la gestión administrativa y eliminar cargas administrativas, las Universidades y las Escuelas de práctica jurídica acreditarán, mediante certificaciones emitidas al efecto que los aspirantes que han superado la formación especializada en dichos centros formativos poseen las condiciones de capacidad y los requisitos exigidos en la convocatoria y en la Ley 34/2006, de 30 de octubre, y su Reglamento de desarrollo.

Véase el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, así como la entrada de este blog del día 17.3.2014.