domingo, 26 de febrero de 2017

Bibliografía - Novedad Editorial


Acaba de publicarse la 6ª edición de la obra "Derecho Internacional Privado: Textos y Materiales", de J.C. Fernández Rozas y P.A. de Miguel Asensio (Universidad Complutense de Madrid), editada por Thomson-Reuters Civitas.

El Derecho internacional privado y las relaciones que ordena experimentan en la actualidad una extraordinaria transformación, que tiene reflejo en sus fuentes documentales básicas. Para conocer este sector del ordenamiento y su aplicación resulta necesario el manejo no sólo de los múltiples textos legales vigentes sino también de otros materiales de la práctica, en particular, decisiones judiciales de especial relevancia en la interpretación de ciertas normas o que presentan particular interés como punto de partida para el debate o la indagación sobre aspectos concretos de la asignatura. Este volumen incorpora una selección de textos -de origen nacional, europeo e internacional- básicos para el estudio del Derecho internacional privado, incluyendo legislación, jurisprudencia y materiales de la práctica extrajudicial. Entre sus novedades, esta sexta edición incorpora el Reglamento (UE) 2016/1103, de 24 de junio de 2016, sobre la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales, así como el Reglamento (UE) 2016/1104 en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas. También incluye las normas de Derecho internacional privado de otros nuevos instrumentos como el Reglamento (UE) 2016/679 general de protección de datos, así como resoluciones relevantes pronunciadas en 2016 por distintos órganos, especialmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Sobre las novedades que incorpora esta nueva edición véase el blog de Pedro de Miguel Asensio.

Extracto del Índice de la obra:
CAPÍTULO I - FUENTES Y ÁMBITOS DE ELABORACIÓN DE NORMAS
1. Derecho internacional privado estatal
2. Derecho de la Unión Europea
3. Convenios internacionales
4. Límites de Derecho internacional público
5. Derecho transnacional

CAPÍTULO II - COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL: RÉGIMEN GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA
1. Reglamento Bruselas I bis: estructura, ámbito de aplicación e interacción con los sistemas nacionales
2. Fueros de competencia: competencias exclusivas
3. Autonomía de la voluntad: sumisión
4. Competencias derivadas y medidas provisionales
5. Cuestiones de aplicación: litispendencia y conexidad

CAPÍTULO III - COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL: CONVENIOS INTERNACIONALES DE ALCANCE GENERAL Y RÉGIMEN DE FUENTE INTERNA
1. Convenios internacionales
2. Régimen de fuente interna: legislación
3. Fundamentos del sistema

CAPÍTULO IV - DERECHO APLICABLE: TÉCNICAS DE REGLAMENTACIÓN Y APLICACIÓN DEL DERECHO EXTRANJERO
1. Normas materiales especiales y normas materiales imperativas
2. La norma de conflicto: calificación, reenvío, remisión a un sistema plurilegislativo y orden público
3. Tratamiento procesal y prueba del derecho extranjero

CAPÍTULO V - RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES Y DOCUMENTOS
1. Acceso a los registros
2. Pluralidad de regímenes de reconocimiento y ejecución
3. Reconocimiento y ejecución: fundamentos, control del orden público y de las garantías procesales
4. Otros requisitos del reconocimiento y ejecución
5. Laudos arbitrales extranjeros

CAPÍTULO VI - PERSONA, MATRIMONIO Y PROTECCIÓN DE MENORES
1. Persona
2. Matrimonio
3. Protección de menores

CAPÍTULO VII - FILIACIÓN, ADOPCIÓN, ALIMENTOS Y SUCESIONES
1. Filiación y adopción internacional
2. Alimentos
3. Sucesiones

CAPÍTULO VIII - OBLIGACIONES, BIENES E INSOLVENCIA
1. Obligaciones no contractuales
2. Contratos
3. Bienes
4. Insolvencia
Ficha técnica:
J.C. Fernández Rozas, P.A. de Miguel Asensio
"Derecho Internacional Privado. Textos y materiales" (DUO) (6ª edic.)
Editorial Civitas-Thomson Reuters, enero 2017
936 págs. - 54 €
ISBN: 978-84-9152-629-2

Revista de revistas (19 a 26 de febrero)


-Arbitraje: 2016, núm. 3.
-Justicia: 2016, núm. 2.
-Neue Juristische Wochenschrift: 2017, núm. 6.
-Revista de Fiscalidad Internacional y Negocios Transnacionales: 2016, núm. 1; 2016, núm. 2; 2016, núm. 3.
-ZEuP - Zeitschrift für europäisches Privatrecht: 2017, núm. 1.

sábado, 25 de febrero de 2017

Bibliografía - Novedad Editorial


Acaba de aparecer la obra colectiva "Comentario a la Ley 29/2015 de cooperación jurídica internacional en materia civil", coordinada por Ana Fernández-Tresguerres García y publicada por la Editorial Bosch.

La Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil, colma una importante laguna en el Derecho español, inexplicable, tras el mandato al respecto de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil. La obra realiza un análisis normativo, artículo por artículo, riguroso, completo y práctico, de todas las materias incluidas en la ley. Para ello, bajo la dirección de Ana Fernández-Tresguerres, notaria de Madrid y experta del Ministerio de Justicia en Derecho Internacional, se han reunido los principales especialistas en la materia (magistrados, profesores, altos funcionarios, abogados, notarios y registradores) que analizan la Ley desde todas las perspectivas.
La Ley 29/2015 se proyecta sobre las relaciones comerciales; familiares y personales; litigiosas o extrajudiciales, que presenten un elemento internacional. Cabe destacar su carácter general, básico y subsidiario, respecto al Derecho europeo y convencional. El legislador traza un concepto expansivo de la cooperación jurídica internacional y así regula el reconocimiento o ejecución de resoluciones judiciales. Sin embargo, la norma no pretende ser una ley general del Derecho internacional privado español. Por esta razón, no aborda aspectos de selección de la ley aplicable; ni conceptos generales y precisos para la aplicación del Derecho extranjero o el Derecho interregional. Tampoco incluye reglas sobre competencia jurisdiccional internacional. Completa su articulado, entre otras disposiciones, con la implementación de los Reglamentos (UE) 1315/2012, Bruselas I Recast y (UE) 650/2012, sobre sucesiones internacionales.

Relación de autores y preceptos comentados:
-ALONSO LANDETA, Gabriel. Registrador de la Propiedad. Artículos 58, 59, 60 y 61.
-BARRIO ANDRÉS, Moisés. Doctor en Derecho y Letrado del Consejo de Estado. Disposiciones transitoria única, derogatoria única. Disposiciones finales quinta y sexta.
-CALVO CARAVACA, Alfonso-Luis. Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad Carlos III (Madrid). Vocal Permanente de la Comisión General de Codificación. Preámbulo: apartado VIII (Parte 1). Artículos 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49.
-CANALES ARACIL, Antonio. Abogado Asociado. Jones Day. Preámbulo: apartado VII. Artículos 37, 38, 39 y 40.
-CARRASCOSA GONZÁLEZ, Javier. Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad de Murcia. Preámbulo: apartado VIII (Parte I). Artículos 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49.
-CARRERA DOMENECH, Jorge. Magistrado. Consejero de Justicia. Embajada de España en Washington (EEUU). Artículo 19.
-DE RENTERÍA AROCENA, Alfonso. Notario excedente, Registrador de la Propiedad. Artículos 60 y 61.
-DÍAZ ABAD, Nuria. Abogada del Estado. Vocal del CGPJ. Presidenta de la Red Europea de Consejos de Justicia. Preámbulo: apartados I, II y III.
-FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Mercedes. Abogada. Socia. Jones Day. Preámbulo: apartado VII. Artículos 37, 38, 39 y 40.
-FERNÁNDEZ-TRESGUERRES GARCÍA, Ana. Notaria. Letrada adscrita a la DGRN. Preámbulo: apartado VIII (parte II). Artículos 9.d), 50, 51, 56 y 57. Disposición adicional primera. Disposición final segunda en cuanto incorpora la Disposición Final vigesimosexta de la LEC (Implementación del Reglamento (UE) 650/2012: apartados 1-9, 11-13, 15-17).
-FORCADA MIRANDA, Javier. Magistrado. Asesor de la DG Cooperación Jurídica Internacional. Artículos 4, 9.c) y 12.2. Disposición adicional segunda.
-GARAU SOBRINO, Federico F.. Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad de las Islas Baleares. Disposición final segunda en cuanto incorpora la Disposición Adicional vigésima quinta de la LEC (Implementación del Reglamento (UE) 1215/2012).
-GARCÍA PARRA, Eduardo, Doctor en Derecho. Notario. Artículo 28.
-GÓMEZ-RIESCO TABERNERO DE PAZ, José María. Notario. Disposición final segunda, en cuanto incorpora la Disposición Final vigesimosexta de la LEC (Implementación del Reglamento (UE) 650/2012: apartado 10).
-GÓMEZ- RIESCO TABERNERO DE PAZ, Juan. Notario. Disposición final segunda, en cuanto incorpora la Disposición Final vigesimosexta de la LEC (Implementación del Reglamento (UE) 650/2012: apartado 14).
-GONZÁLEZ BEIFUSS, Cristina. Catedrática de Derecho Internacional Privado, Universidad de Barcelona. Jefe de relaciones externas e institucionales, CGPJ. Artículos 1, 2 y 3.
-LÓPEZ DE ARGUMEDO PIÑEIRO, Álvaro. Abogado. Uría Menéndez. Artículos 52, 53, 54 y 55.
-MARTÍNEZ LLORENTE, Pablo. Abogado. Uría Menéndez. Artículos 52, 53, 54 y 55.
-MONGE ROYO, Paula. Administradora Civil del Estado. Subdirectora General de Cooperación Jurídica Internacional. Ministerio de Justicia. Artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9 [excepto letras a) c) y d)], 10, 11, 12, 17. Disposición adicional tercera.
-PAZ-ARES RODRÍGUEZ, Ignacio. Notario. Disposición final primera.
-PUIG BLANES, Francisco de Paula. Magistrado, Miembro de la red judicial europea. Preámbulo: apartado IV. Artículos 13, 14, 29, 30, 31 y 32.
-RODRÍGUEZ BENOT, Andrés. Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Preámbulo: apartados V y VI. Artículos 33, 34, 35 y 36.
-RODRÍGUEZ CENTENO, Marcos. Diplomático. Subdirector General de Asuntos jurídicos Consulares. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Artículos 9.a) y 15. Disposición final cuarta.
-RODRÍGUEZ PRIETO, Fernando. Notario. Mediador. Fundación Signum. Disposición final tercera.
-SÁNCHEZ MARTÍN, José Carlos. Magistrado. Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. Artículos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27.
-YBARRA BORES, Alfonso. Profesor Titular de Derecho Internacional Privado (AC), Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Preámbulo: apartados V y VI. Artículos 33, 34, 35 y 36.
Ficha técnica:
Ana Fernández-Tresguerres García (Coord.)
"Comentario a la Ley 29/2015 de cooperación jurídica internacional en materia civil"
Editorial Bosch, enero 2017
812 págs. - 109 €
ISBN: 978-84-9090-180-9

Bibliografía - Novedad Editorial


Acaba de publicarse la obra colectiva dirigida por Fernando P. Méndez González y Guillermo Palao Moreno, "Comentarios a la ley de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil", editada por Tirant lo Blanch.

Con la publicación de la Ley 29/2015, de cooperación jurídica internacional en materia civil (LCJIMC), se colma una significativa laguna, erigéndose en una pieza esencial del sistema español de Derecho Internacional privado. Y ello, al agrupar aspectos de la importancia de la notificación y el traslado de los documentos judiciales y extrajudiciales, la práctica y la obtención de pruebas, la información y prueba del derecho extranjero, la litispendencia y la conexidad internacional, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales y los documentos públicos extrajeros. La importancia de la LCJIMC obligaba a presentarla de forma sistemática, haciendo un especial hincapié en los cambios que incorpora, su imbricación dentro de nuestro ordenamiento y su interrelación con los instrumentos convencionales y europeos. Esta obra responde a este objetivo siendo el resultado del esfuerzo coordinado de especialistas universitarios en Derecho Internacional privado y registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, en vistas a ofrecer un estudio crítico y contextualizado de los diferentes preceptos que componen la LCJIMC, siendo éste uno de los principales valores de estos Comentarios.

Relación de autores y preceptos comentados:
-GABRIEL ALONSO LANDETA, Registrador de la Propiedad. Disposición final segunda, Disposición final vigésima sexta, apartado 10.
-JUAN JOSÉ ÁLVAREZ RUBIO, Catedrático Derecho Internacional Privado, UPV/EHU. Artículos 45, 48 y 49.
-CARMEN AZCÁRRAGA MONZONÍS, Profesora Contratada Doctora de Derecho Internacional Privado, Universitat de València. Artículos 39 y 40.
-BEATRIZ CAMPUZANO DÍAZ, Profesora Contratada Doctora (Acreditada T.U.), Universidad de Sevilla, Artículo 13.
-LAURA CARBALLO PIÑEIRO, Profesora Titular de Derecho Internacional privado, Universidade de Santiago de Compostela. Artículo 47.
-LUIS FRANCISCO CARRILLO POZO, Profesor de Derecho Internacional Privado, Universidad de Gerona. Artículos 20, 21, 22 y 24.
-JOSÉ JUAN CASTELLÓ PASTOR, Profesor Ayudante Doctor, Centro Universitario de la Defensa (Academia General Militar), Zaragoza. Artículo 26, Disposición derogatoria única.
-JUAN MARÍA DÍAZ FRAILE, Registrador de la Propiedad, Catedrático de Derecho Civil (acreditado), Director del Servicio de Estudios Registrales del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. Artículo 56, Disposición final segunda, Disposición final vigésima quinta, apartado 7, Disposición final segunda, Disposición final vigésima sexta, apartado 8.
-MARÍA PILAR DIAGO DIAGO, Catedratica Acr. de Derecho Internacional Privado, Universidad de Zaragoza. Artículos 28 y 36.
-ÁNGEL ESPINIELLA MENÉNDEZ, Profesor Titular de Derecho Internacional Privado, Universidad de Oviedo. Disposición adicional primera, Disposición adicional segunda y Disposición adicional tercera.
-ALBERT FONT i SEGURA, Profesor Titular de Derecho Internacional Privado, Universitat Pompeu Fabra (Barcelona). Artículos 1, 2, 3 y 4.
-JOAQUIM-J. FORNER DELAYGUA, Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universitat de Barcelona. Artículos 29, 30, 31 y 32.
-MARÍA ARÁNZAZU GANDÍA SELLENS, Senior Research Fellow, Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law. Artículos 5, 12, 18 y Disposición transitoria única.
-FEDERICO F. GARAU SOBRINO, Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad de las Illes Balears. Artículos 42 y 44, apartados 1, 2 y 3.
-MIGUEL GARDEÑES SANTIAGO, Profesor Titular de Derecho Internacional Privado, Universitat Autònoma de Barcelona. Disposición final segunda, Disposición final vigésima quinta apartados 1, 2, 3, 4 y 5, y Disposición final segunda, Disposición final vigésima sexta apartados 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
-MÓNICA GUZMÁN ZAPATER, Catedrática de Derecho Internacional Privado, Universidad Nacional de Educación a Distancia. Artículos 14.
-JAVIER GÓMEZ GÁLLIGO, Notario y Registrador de la Propiedad y Mercantil (excedente), Director General de los Registros y del Notariado. Artículo 61.
-MIGUEL GÓMEZ JENE, Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad Nacional de Educación a Distancia. Artículo 27.
-MÓNICA HERRANZ BALLESTEROS, Profesora Titular de Derecho Internacional Privado, Universidad Nacional de Educación a Distancia. Artículos 7 y 8.
-ALFONSO RENTERÍA AROCENA, Registrador de la Propiedad de Bilbao nº 2, Notario en excedencia Artículo 44, apartado 4, y Disposición final segunda, Disposición final vigésima quinta apartado 6.
-JOSÉ LUIS IGLESIAS BUHIGUES, Catedrático Emérito de Derecho Internacional Privado, Universitat de València. Artículos 41, 43 y 46.
-PILAR JIMÉNEZ BLANCO, Catedrática acreditada de Derecho Internacional Privado, Universidad de Oviedo. Artículos 50 y 51.
-ÁNGELES LARA AGUADO, Profesora Titular de Derecho Internacional Privado, Universidad de Granada. Disposición final cuarta.
-JORGE LÓPEZ FERNÁNDEZ, Registrador de la Propiedad. Artículos 59, Disposición final segunda, Disposición final vigésima quinta apartados 2 y 8, y Disposición final segunda, Disposición final vigésima sexta apartado 9.
-NURIA MARCHAL ESCALONA, Profesora Titular de Derecho Internacional Privado, Universidad de Granada. Artículos 23 y 25.
-FERNANDO P. MÉNDEZ GONZÁLEZ, Registrador de la Propiedad, Mercantil y de Bienes Muebles, Profesor Asociado Derecho Civil de la Universidad de Barcelona. Artículo 58.
-FRANCISCO MOLINA BALAGUER, Registrador de la Propiedad. Disposición final segunda, Disposición final vigésima sexta apartados 11, 12 y 13 (con NURIA RAGA SASTRE).
-NICOLÁS NOGUEROLES PEIRÓ, Registrador de la Propiedad, Profesor Asociado de Derecho Civil, Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Artículo 60.
-ALFONSO ORTEGA GIMÉNEZ, Profesor Contratado Doctor de Derecho Internacional Privado, Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante). Artículo 19.
-GUILLERMO PALAO MORENO, Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universitat de València. Artículos 33 y 34.
-JOSÉ IGNACIO PAREDES PÉREZ, Profesor Asociado de Derecho Internacional Privado, Universidad de Alcalá de Henares. Artículo 54.
-CARMEN PARRA RODRÍGUEZ, Profesora Titular de Derecho Internacional Privado, Universidad Abat Oliba CEU. Artículos 6, 9 y 10.
-CRISTINA PELLISÉ DE URQUIZA, Profesora Titular de Derecho Internacional Privado, Universitat de Barcelona. Disposición final tercera.
-PABLO QUINZÁ REDONDO, Profesor Ayudante Doctor de Derecho Internacional Privado, Universitat de València. Artículos 37, 38, Disposición final quinta y Disposición final sexta.
-NURIA RAGA SASTRE, Registradora de la Propiedad. Disposición final segunda, Disposición final vigésima sexta apartados 11, 12 y 13 (con FRANCISCO MOLINA BALAGUER).
-ANDRÉS RODRÍGUEZ BENOT, Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Artículos 11 y 15.
-JOSÉ SIMEÓN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Registrador de la Propiedad, Mercantil y de Bienes Muebles, Excedente en la Carrera Diplomática. Disposición final segunda, Disposición final vigésima sexta apartados 14, 15 y 16.
-Mª ÁNGELES RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, Profesora Contratada Doctora de Derecho Internacional Privado (acred. Titular), Universidad de Sevilla. Artículos 53 y 55.
-ELISA TORRALBA MENDIOLA, Profesora Titular de Derecho Internacional Privado, Universidad Autónoma de Madrid. Artículo 52.
-Mª TERESA TOURIÑÁN MORANDEIRA, Registradora de la Propiedad, Mercantil y Bienes Muebles. Artículo 35.
-MARINA VARGAS GÓMEZ-URRUTIA, Profesora Titular de Derecho Internacional Privado, Universidad Nacional de Educación a Distancia. Artículos 16 y 17.
Ficha técnica:
F.P. Méndez González, G. Palao Moreno (Dirs.)
"Comentarios a la ley de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil"
Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, febrero 2017
1095 págs. - 129 €
ISBN:978-84-9143-637-9

viernes, 24 de febrero de 2017

Jurisprudencia - Concesión de permiso de residencia temporal y posterior denegación del visado


Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Sentencia de 20 Julio 2016, Rec. 3839/2015: Visado de entrada. Denegación. Concesión previa de permiso de residencia temporal por reagrupación familiar. La autorización es válida por sí misma, aunque su eficacia y consiguiente despliegue de efectos queda supeditada a la obtención y expedición del visado. Cuando la documentación aportada en su día es reproducción fiel del original auténtico, y como tal ya ha sido valorada y considerada adecuada y suficiente por la autoridad que concedió la autorización de residencia por reagrupación, no es posible rectificar esta valoración con la única base en el personal y diferente criterio de quien resuelve sobre la expedición del visado acerca de la suficiencia de esos documentos a los fines pretendidos.
Ponente: Córdoba Castroverde, Diego.
Nº de Recurso: 3839/2015
Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
Iustel - Diario Del Derecho, 24 febrero 2017, sección Jurisprudencia
[Texto Iustel]
[Texto en CENDOJ: STS 3735/2016 - ECLI: ES:TS:2016:3735]

Congreso de los Diputados - Convenio internacional


El Congreso de los Diputados ha acordado tramitar la correspondiente autorización para proceder a la ratificación del Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, hecho en Ginebra el 11 de junio de 2014 (BOCG. Sección Cortes Generales, serie C, núm. 24-1, de 24.2.2017).
Nota: La definición de trabajo forzoso u obligatorio prevista en el art. 2 del Convenio abarca el trabajo forzoso u obligatorio en todas sus formas y manifestaciones, y se aplica a todos los seres humanos sin distinción. Los Miembros que han ratificado el Convenio tienen la obligación de cerciorarse de que el trabajo forzoso u obligatorio sea objeto de sanciones penales, con inclusión de sanciones impuestas por la ley que sean realmente eficaces y se apliquen estrictamente. A pesar de ello, un número creciente de trabajadores se encuentran en situación de trabajo forzoso u obligatorio en la economía privada; en concreto, ciertos grupos de trabajadores corren un riesgo mayor de ser víctimas de trabajo forzoso u obligatorio, en particular los migrantes. Ante todo ello, este Protocolo pretende subsanar las lagunas en la aplicación del Convenio, a la vez que reafirma que las medidas de prevención y de protección y las acciones jurídicas y de reparación, tales como indemnización y readaptación, son necesarias para lograr la supresión efectiva y sostenida del trabajo forzoso u obligatorio.
Véase la Decisión del Consejo de 10.11.2015 por la que se autoriza a los Estados miembros a ratificar este Protocolo en interés de la UE, así como la entrada de este blog del día 14.11.2015.

jueves, 23 de febrero de 2017

DOUE de 23.2.2017


Corrección de errores de las versiones consolidadas del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Nota: Véanse las versiones consolidadas del TUE y del TFUE, así como la entrada de este blog del día 7.6.2016.

miércoles, 22 de febrero de 2017

Bibliografía - La gestación por sustitución en las Salas de lo Social del TS y de los TSJ


La gestación por sustitución en las Salas de lo Social del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia. A propósito de la prestación por maternidad en los casos de nacimientos derivados de convenio gestacional
Antonio J. VELA SÁNCHEZ, Profesor Titular de Derecho Civil (Universidad Pablo de Olavide de Sevilla)
Diario La Ley, Nº 8927, Sección Doctrina, 22 de Febrero de 2017
La Sala Cuarta, de lo Social, del Tribunal Supremo, ha dictado recientemente varias sentencias reconociendo la prestación de maternidad a favor del comitente de un convenio de gestación por sustitución realizado en país cuya legislación lo contempla, pero, al mismo tiempo, y aunque parece reconocer, en principio, que no le corresponde pronunciarse sobre el fondo del problema, es muy propicio, a diferencia de la Sala Primera, a la eficacia y protección jurídica de tal convenio gestacional, asumiendo plenamente el criterio positivo de numerosas sentencias de diferentes Tribunales Superiores de Justicia.
Las Salas de lo Social del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, para determinar si procede la prestación de maternidad, han tenido que plantearse la eficacia o no, en España, de los convenios de gestación por sustitución realizados por españoles en países que legalmente los consienten. Aunque se parte, obviamente, de la nulidad del convenio gestacional en nuestro Derecho (ex art. 10, 1.º LTRHA), no obstante, se admiten varias ideas esenciales que confirman una posición permisiva en esta sede, a diferencia de los cicateros criterios mantenidos por la Sala de lo Civil del Alto Tribunal. Así, varias Sentencias del TSJ de Madrid reconocen el derecho fundamental a la reproducción de las personas, que puede ser ejercitado a través del convenio gestacional, añadiendo el Tribunal Supremo que no puede discriminarse a quienes deseen acceder a la paternidad o maternidad. Asimismo, tanto los Tribunales Superiores de Justicia como el Tribunal Supremo han admitido, primero, el criterio volitivo como elemento determinante de la filiación jurídica, de modo que la condición de progenitor no es solo biológica, sino que también puede proceder de la inscripción en el Registro Civil de una filiación derivada de negocio gestacional; segundo, la irrevocabilidad ab initio del consentimiento prestado por las partes en tal convenio reproductivo y la validez de la renuncia de la mujer gestante a la maternidad; en tercer lugar, han refrendado la validez de la inscripción de la filiación, tanto derivada de una sentencia extranjera firme ―de acuerdo con la Instrucción de la DGRN de 2010―, como de una certificación registral extranjera ―conforme a la RDGRN de 18 de febrero de 2009 y en previsión del régimen jurídico que instaurará la nueva Ley del Registro Civil―; y, finalmente, han destacado la relevancia en esta sede del postulado del interés superior del menor, que debe llevar a respetar su derecho a disfrutar plenamente de su vida familiar y privada (ex art. 8 en relación con el 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos).

BOE de 22.2.2017


Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador de la propiedad de Sant Mateu, por la que se suspende la inscripción de una escritura de herencia.
Nota: Un notario español autoriza la escritura de partición causada por el fallecimiento de una ciudadana belga, incorporando el acta de declaración de herederos llevada a cabo por un notario belga, de la que resultan llamados el cónyuge viudo y dos hijas de la causante. También incorpora el certificado de defunción de la causante, así como certificado de últimas voluntades español. El registrador deniega la inscripción por la concurrencia de dos defectos, aunque el escrito de recurso sólo se refiere al relativo a la necesidad de acompañar el certificado de últimas voluntades del país de nacionalidad del causante o certificado de inexistencia de tal Registro.

Las recientes Resoluciones de 28.7.2016 y 11.1.2017 (todas ellas basadas en las anteriores de 1.7.2015 y 13.10.2015), han entendido la necesidad de aportar el justificante o certificado del registro extranjero que recoja los títulos sucesorios otorgados por el causante o bien la acreditación de que, conforme al derecho material aplicable a la sucesión, no existe tal sistema de registro. Estas Resoluciones realizan esta distinción poniendo de manifiesto que no todos los países tienen instaurado un Registro de Actos de Última Voluntad similar al nuestro, en cuanto a sus efectos, y en cuanto a su organización. Continúan afirmando que nuestro sistema, donde la práctica totalidad de los testamentos son notariales, basado en la obligatoriedad de la comunicación que se impone al notario autorizante (o que protocoliza un testamento ológrafo o que autoriza un acta donde se da noticia de su existencia), procura las más altas cotas de seguridad en la apertura de la sucesión intestada.
Ahora bien, dada la prevalencia de la nacionalidad del causante a la hora de regir la sucesión (hasta la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Sucesiones, como ocurre en el supuesto de hecho), parece una medida oportuna y prudente, y casi obligada si lo exigiese la «lex causae», que el notario español también solicite (en tanto no se establezca la deseada conexión de registros, como la prevista para una fase final en el Convenio de Basilea de 16 de mayo de 1972), como prueba complementaria, la certificación, en su caso, del registro semejante correspondiente al país de donde el causante es nacional (a veces, su propio Registro Civil, si fuere en esta institución donde la ley personal del finado establece que se tome nota de los testamentos otorgados), siempre que estuviese prevista alguna forma de publicidad de los títulos sucesorios en ese país extranjero. Esta actuación, al dotar de un mayor rigor al expediente, sólo puede redundar en una mayor seguridad de la declaración notarial. Así lo entendió la Resolución del Sistema Notarial de 18.12005 (hoy confirmada su doctrina por la sentencia de la AP de Las Palmas de 30.6.2015) que llegó a la conclusión de que al tramitar en aquél supuesto una declaración de herederos «parece una medida oportuna, prudente y casi obligada» el solicitar además de las Últimas Voluntades españolas las del país de la nacionalidad del causante extranjero. Consecuentemente, también deberá aportarse, si existiere, por las consecuencias legitimadoras que atribuye la inscripción registral, al Registro de la Propiedad, con ocasión de la inscripción sucesoria. Y, si este Registro de Actos de Última Voluntad no existiere deberá acreditarse esta circunstancia en la forma determinada en el art. 36 del RH. Deberá aportarse certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad del país de la nacionalidad del causante o acreditarse que en dicho país no existe dicho Registro de Actos de Última Voluntad o que por las circunstancias concurrentes al caso concreto no sea posible aportar dicho certificado.

La ley española es la competente para determinar los requisitos necesarios para la inscripción de bienes inmuebles en el Registro de la Propiedad. Así lo reconoce expresamente el Reglamento (UE) núm. 650/2012, de 4 de julio, conocido como Reglamento Europeo de Sucesiones, en su art. 1.2 al excluir de su regulación: «(…) l) cualquier inscripción de derechos sobre bienes muebles o inmuebles en un registro, incluidos los requisitos legales para la práctica de los asientos, y los efectos de la inscripción o de la omisión de inscripción de tales derechos en el mismo». Es cierto que la Resolución de 21.3.2016 entendió innecesario acreditar el contenido del Registro de Actos de Última Voluntad, pues en aquel caso, el notario autorizante del certificado sucesorio llevado a cabo con arreglo a la ley material holandesa certificaba expresamente de dicho contenido.
En el presente expediente, el notario belga, en el acta de declaración de herederos manifiesta «(…) que de la búsqueda en el Registro Central de Testamentos, resulta lo que aquí sigue: I. (…) III. Últimas Voluntades. No se conoce disposición por causa de muerte de la difunta…», por lo que debe considerarse innecesario aportar el certificado de Últimas Voluntades belga, pues ello queda bajo la responsabilidad del acta de declaración de herederos realizada ante el notario belga.

En consecuencia, la DGRN estima el recurso y revocar la nota de calificación del registrador.

martes, 21 de febrero de 2017

BOE de 21.2.2017


Resolución de 17 de febrero de 2017, de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, por la que se nombra a los miembros de los Comités Asesores de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora.
Nota: Los miembros del Comité Asesor 9 (Derecho y Jurisprudencia) son los siguientes:
Presidente: Prof. Dr. don Ernesto Eseverri Martínez. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Granada.
Vocales:
– Profa. Dra. doña Teresa Freixes Sanjuán. Catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona.
– Profa. Dra. doña Emma Montanos Ferrín. Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad de La Coruña.
– Profa. Dra. doña Ana Tobío Rivas. Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad de Vigo.
– Profa. Dra. doña Silvia Díaz Alabart. Catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid.
– Prof. Dr. don Leopoldo Tolivar Alas. Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo.
– Prof. Dr. don Norberto Javier Mata Barranco. Catedrático de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco.
– Prof. Dr. don José María Rifá Soler. Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Pública de Navarra.
– Profa. Dra. doña Cristina Sánchez-Rodas Navarro. Catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla.
– Prof. Dr. don Alfonso Calvo Caravaca. Catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad Carlos III.

lunes, 20 de febrero de 2017

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


SENTENCIAS

-Asuntos acumulados C-203/15 y C-698/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 21 de diciembre de 2016 [peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Kammarrätten i Stockholm, y por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Suecia, Reino Unido] — Tele2 Sverige AB/Post- och telestyrelsen (C-203/15), Secretary of State for the Home Department/Tom Watson, Peter Brice, Geoffrey Lewis (C-698/15) (Procedimiento prejudicial — Comunicaciones electrónicas — Tratamiento de datos personales — Confidencialidad de las comunicaciones electrónicas — Protección — Directiva 2002/58/CE — Artículos 5, 6, 9 y 15, apartado 1 — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículos 7, 8, 11 y 52, apartado 1 — Legislación nacional — Proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas — Obligación de conservación generalizada e indiferenciada de los datos de tráfico y de localización — Autoridades nacionales — Acceso a los datos — Falta de control previo por un órgano jurisdiccional o una autoridad administrativa independiente — Compatibilidad con el Derecho de la Unión)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 21.12.2017.
-Asuntos acumulados C-508/15 y C-509/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 21 de diciembre de 2016 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Verwaltungsgericht Berlin — Alemania) — Sidika Ucar (C-508/15), y Recep Kilic (C-509/15)/Land Berlin (Procedimiento prejudicial — Acuerdo de Asociación CEE-Turquía — Decisión n.o 1/80 — Artículo 7, párrafo primero — Derecho de residencia de los miembros de la familia de un trabajador turco que forma parte del mercado legal de trabajo de un Estado miembro — Requisitos — Ausencia de necesidad de que el trabajador turco forme parte del mercado legal de trabajo durante los tres primeros años de la residencia del miembro de la familia)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 21.12.2017
-Asunto C-618/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 21 de diciembre de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation — Francia) — Concurrence SARL/Samsung Electronics France SAS, Amazon Services Europe Sàrl [Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (CE) n.o 44/2001 — Competencia judicial — Materia delictual o cuasidelictual — Red de distribución selectiva — Reventa fuera de una red en Internet — Acción de cesación de la perturbación ilícita — Elemento de conexión]
Nota: Véase la entrada de este blog del día 21.12.2017
NUEVOS ASUNTOS

-Asunto C-646/16: Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof (Austria) el 15 de diciembre de 2016 — Khadija Jafari y Zainab Jafari
Cuestiones planteadas:
"1) ¿Para la interpretación de las disposiciones de los artículos 2, letra m), 12 y 13 del Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (Texto refundido) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 604/2013»), deben tenerse en cuenta otros actos jurídicos con los que presente conexiones el propio Reglamento n.o 604/2013 o debe atribuirse a dichas disposiciones un significado independiente?
2) Para el caso de que las disposiciones del Reglamento n.o 604/2013 deban ser interpretadas con independencia de otros actos jurídicos:
a) En las circunstancias de los casos de autos, caracterizados por situarse en una época en que las autoridades nacionales de los Estados implicados habían de hacer frente a un extraordinariamente elevado número de personas que pedían transitar por su territorio nacional, ¿debe considerarse que la entrada en el territorio de un Estado miembro, que fue tolerada de facto por dicho Estado y que debía servir únicamente a una finalidad de tránsito por dicho Estado miembro y para presentar una solicitud de protección internacional en otro Estado miembro, constituye un «visado» en el sentido de los artículos 2, letra m), y 12 del Reglamento n.o 604/2013?
En caso de respuesta afirmativa a la letra a) de la segunda cuestión:
b) En lo que concierne a dicha entrada en el territorio con fines de tránsito que fue tolerada de facto, ¿debe considerarse que el «visado» ha perdido su validez con la salida del territorio del Estado miembro de que se trate?
c) En lo que concierne a dicha entrada en el territorio con fines de tránsito que fue tolerada de facto, ¿debe considerarse que el «visado» conserva su validez mientras el solicitante no haya salido del territorio del Estado miembro de que se trate o, con independencia de esto último, el «visado» pierde su validez en el momento en que el solicitante abandona definitivamente su intención de viajar a otro Estado miembro?
d) ¿El abandono por el solicitante de su intención de viajar al Estado miembro que inicialmente tenía como objetivo permite apreciar un fraude producido con posterioridad a la expedición del «visado» en el sentido del artículo 12, apartado 5, del Reglamento n.o 604/2013, lo que excluye la atribución de la responsabilidad al Estado miembro expedidor del «visado»?
En caso de respuesta negativa a la letra a) de la segunda cuestión:
e) ¿Debe interpretarse la expresión «ha cruzado la frontera de un Estado miembro de forma irregular por vía terrestre, marítima o aérea, procedente de un tercer país», contenida en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento n.o 604/2013, en el sentido de que en las circunstancias especiales descritas del procedimiento principal no puede apreciarse un cruce irregular de la frontera exterior?
3) En caso de que las disposiciones del Reglamento n.o 604/2013 deban ser interpretadas considerando otros actos jurídicos:
a) ¿Para la apreciación de si existe un «cruce irregular» de la frontera en el sentido del artículo 13, apartado 1, del Reglamento n.o 604/2013 debe atenderse, en particular, a si concurren las condiciones de entrada en el territorio conforme al Código de fronteras Schengen, en concreto con arreglo al artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras, determinante para las situaciones del procedimiento principal debido al momento de esa entrada?
En caso de respuesta negativa a la letra a) de la tercera cuestión:
b) ¿A qué disposiciones del Derecho de la Unión debe atenderse, en particular, para apreciar si existe un «cruce irregular» de la frontera en el sentido del artículo 13, apartado 1, del Reglamento n.o 604/2013?
En caso de respuesta afirmativa a la letra a) de la tercera cuestión:
c) En las circunstancias de los casos de autos, caracterizados por situarse en una época en que las autoridades nacionales de los Estados implicados habían de hacer frente a un extraordinariamente elevado número de personas que pedían transitar por su territorio nacional, ¿debe considerarse que la entrada en el territorio de un Estado miembro que fue tolerada de facto por dicho Estado sin un examen de las circunstancias del caso concreto y que debía servir únicamente a una finalidad de tránsito por dicho Estado miembro y para presentar una solicitud de protección internacional en otro Estado miembro constituye una autorización de entrada en el territorio en el sentido del artículo 5, apartado 4, letra c), del Código de fronteras Schengen?
En caso de respuesta afirmativa a las letras a) y c) de la tercera cuestión:
d) ¿Debe considerarse que la autorización de entrada en el territorio en el sentido del artículo 5, apartado 4, letra c), del Código de fronteras Schengen constituye una autorización equivalente a un visado en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra b), del Código de fronteras Schengen y, por tanto, un «visado» conforme al artículo 2, letra m), del Reglamento n.o 604/2013, de modo que al aplicar las disposiciones para determinar el Estado miembro responsable conforme al Reglamento n.o 604/2013 debe atenderse también al artículo 12 de éste?
En caso de respuesta afirmativa a las letras a), c) y d) de la tercera cuestión:
e) En lo que concierne a la entrada en el territorio con fines de tránsito que ha sido tolerada de facto, ¿debe considerarse que el «visado» ha perdido su validez con la salida del Estado miembro de que se trate?
f) En lo que concierne a la entrada en el territorio con fines de tránsito tolerada de facto, ¿debe considerarse que el «visado» conserva su validez mientras el solicitante no haya salido del Estado miembro de que se trate o, con independencia de esto último, el «visado» pierde su validez en el momento en que el solicitante abandona definitivamente su intención de viajar a otro Estado miembro?
g) ¿El abandono por el solicitante de su intención de viajar al Estado miembro que inicialmente tenía como objetivo permite apreciar un fraude producido con posterioridad a la expedición del «visado» en el sentido del artículo 12, apartado 5, del Reglamento n.o 604/2013, lo que excluye la atribución de la responsabilidad al Estado miembro expedidor del «visado»?
En caso de respuesta afirmativa a las letras a) y c) de la tercera cuestión y respuesta negativa a la letra d) de la tercera cuestión:
h) ¿Debe interpretarse la expresión «ha cruzado la frontera de un Estado miembro de forma irregular por vía terrestre, marítima o aérea, procedente de un tercer país», contenida en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento n.o 604/2013, en el sentido de que en las circunstancias especiales descritas del procedimiento principal el cruce de frontera, considerado como autorización de entrada en el territorio en el sentido del artículo 5, apartado 4, letra c), del Código de fronteras Schengen, no constituye un cruce irregular de la frontera exterior?"