martes, 17 de octubre de 2017

BOE de 17.10.2017


Ley 4/2017 de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía.
Nota: En eta norma cabe destacar el art. 2.5, en relación con su ámbito de aplicación personal, en el que se establece que "las personas extranjeras con discapacidad accederán a los servicios, prestaciones y demás beneficios de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración".

lunes, 16 de octubre de 2017

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


NUEVOS ASUNTOS

-Asunto C-438/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht (Alemania) el 20 de julio de 2017 — Bundesrepublik Deutschland/Taus Magamadov
Cuestiones planteadas:
"1) ¿Se opone la disposición transitoria del artículo 52, párrafo primero, de la Directiva 2013/32/UE a la aplicación de una normativa nacional que, para transponer el artículo 33, apartado 2, letra a), de la Directiva 2013/32/UE, que contiene una ampliación de los límites de la autorización conferida por su predecesora, establece que no se admitirá una solicitud de protección internacional cuando al solicitante le haya sido reconocida protección subsidiaria en otro Estado miembro, en la medida en que, a falta de un régimen transitorio nacional, tal normativa nacional es aplicable también a las solicitudes presentadas antes del 20 de julio de 2015? ¿Se aplica en todo caso cuando la solicitud de asilo aún está íntegramente comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.o 343/2003, en virtud del artículo 49 del Reglamento (UE) n.o 604/2013?
2) ¿Permite la disposición transitoria del artículo 52, párrafo primero, de la Directiva 2013/32/UE a los Estados miembros, en particular, transponer con efectos retroactivos la ampliación de los límites de la autorización que resulta del artículo 33, apartado 2, letra a), de la Directiva 2013/32/UE, con la consecuencia de que las solicitudes de asilo presentadas antes de la entrada en vigor de la Directiva 2013/32/UE y de la transposición al Derecho interno de esta ampliación de los límites de la autorización y que en el momento de la transposición aún no han sido resueltas con carácter definitivo tampoco son admitidas?"
-Asunto C-478/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunalul Cluj (Rumanía) el 9 de agosto de 2017 — IQ/JP
Cuestiones planteadas:
"1) Si la expresión «los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro competentes para conocer del fondo del asunto», utilizada en el artículo 15, se refiere tanto a los órganos jurisdiccionales que resuelven el litigio en primera instancia como a los que conocen de los recursos. Se pregunta si puede tener lugar, en virtud del artículo 15 del Reglamento n.o 2201/2003, una remisión del asunto a un órgano jurisdiccional mejor situado para conocer de él en el caso de que el órgano jurisdiccional competente al que se pide la remisión a un órgano jurisdiccional mejor situado sea de apelación, mientras que el órgano jurisdiccional mejor situado juzga en primera instancia.
2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial ¿qué suerte debería reservar, en opinión del Tribunal de Justicia, el órgano competente que procede a la remisión del asunto a un órgano jurisdiccional mejor situado a la sentencia pronunciada en primera instancia?"
-Asunto C-483/17: Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (Irlanda) el 9 de agosto de 2017 — Neculai Tarola/Minister for Social Protection
Cuestión planteada: "Si un ciudadano de otro Estado miembro de la Unión, tras sus doce primeros meses de ejercicio del derecho a la libre circulación, llega al Estado de acogida y trabaja (en virtud de un contrato que no sea de duración determinada) durante un período de dos semanas por las cuales recibe una retribución y, a continuación, queda involuntariamente en paro, ¿mantiene este ciudadano la condición de trabajador durante un período adicional no inferior a seis meses a efectos del artículo 7, apartado 3, letra c), y del artículo 7, apartado 1, letra a), de la Directiva 2004/38/CE, de forma que tenga derecho a percibir prestaciones de asistencia social o, en su caso, prestaciones de seguridad social en las mismas condiciones que si fuera un ciudadano residente en el Estado de acogida?"
-Asunto C-491/17: Petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court of the United Kingdom (Reino Unido) el 14 de agosto de 2017 — Hoteles Piñero Canarias, S.L./Keefe (representado legalmente por Eyton)
Cuestiones planteadas:
"1) ¿Exige el artículo 11, apartado 3, que la demanda presentada por la persona perjudicada contra el tomador del seguro/asegurado afecte a cuestiones en materia de seguro, en el sentido de que plantee una cuestión sobre la validez o efecto de la póliza?
2) ¿Exige el artículo 11, apartado 3, que exista un riesgo de resoluciones judiciales contradictorias a menos que se permita la acumulación?
3) ¿Disponen los órganos jurisdiccionales de la facultad discrecional de autorizar o no la acumulación de una demanda que está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 11, apartado 3?"
-Asunto C-507/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Francia) el 21 de agosto de 2017 — Google Inc./Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)
Cuestiones planteadas:
"1) ¿Debe interpretarse el «derecho de retirada», según ha sido consagrado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 13 de mayo de 2014 sobre la base de las disposiciones de los artículos 12, letra b), y 14, letra a), de la Directiva de 24 de octubre de 1995, en el sentido de que el gestor de un motor de búsqueda que estima una solicitud de retirada está obligado a efectuar dicha retirada respecto de la totalidad de los nombres de dominio de su motor, de tal manera que los vínculos controvertidos dejen de mostrarse independientemente del lugar desde el que se realice la búsqueda a partir del nombre del solicitante, incluso fuera del ámbito de aplicación territorial de la Directiva de 24 de octubre de 1995?
2) En caso de respuesta negativa a esta primera cuestión, ¿debe interpretarse el «derecho de retirada», según ha sido consagrado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia antes citada, en el sentido de que el gestor de un motor de búsqueda que estima una solicitud de retirada solamente está obligado a suprimir los vínculos controvertidos de los resultados obtenidos como consecuencia de una búsqueda realizada a partir del nombre del solicitante en el nombre de dominio correspondiente al Estado en el que se considera que se ha efectuado la solicitud o, de manera más general, en los nombres de dominio del motor de búsqueda que corresponden a las extensiones nacionales de dicho motor para el conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea?
3) Además, como complemento de la obligación mencionada en la segunda cuestión, ¿debe interpretarse el «derecho de retirada», según ha sido consagrado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia antes citada, en el sentido de que el gestor de un motor de búsqueda que estima una solicitud de retirada está obligado a suprimir, mediante la técnica denominada de «bloqueo geográfico», desde una dirección IP supuestamente localizada en el Estado de residencia del beneficiario del «derecho de retirada», los resultados controvertidos obtenidos como consecuencia de una búsqueda realizada a partir de su nombre, o incluso, de manera más general, desde una dirección IP supuestamente localizada en uno de los Estados miembros sujetos a la Directiva de 24 de octubre de 1995, y ello independientemente del nombre de dominio utilizado por el internauta que efectúa la búsqueda?"
-Asunto C-514/17: Petición de decisión prejudicial planteada por la cour d’appel de Liège (Bélgica) el 23 de agosto de 2017 — Ministère public/Marin-Simion Sut
Cuestión planteada: "¿Puede interpretarse el artículo 4, apartado 6, de la Decisión marco 2002/584 en el sentido de que no es aplicable a hechos respecto de los que un órgano jurisdiccional del Estado emisor ha dictado una pena privativa de libertad, desde el momento en que esos mismos hechos únicamente conllevan en el territorio del Estado de ejecución una multa, de modo que, de conformidad con el Derecho interno del Estado de ejecución, resulta imposible ejecutar la pena privativa de libertad en el Estado miembro de ejecución, en detrimento de la reinserción social de la persona condenada y de sus lazos familiares, sociales o económicos y demás vínculos?"

Bibliografía - El testamento en España de un no residente sobre sus bienes en territorio español


¿Sirve de algo el testamento en España de un no residente sólo para sus bienes en nuestro país?
Ricardo CABANAS TREJO, Leticia BALLESTER AZPITARTE, Notarios.
Diario La Ley, Nº 9061, Sección Doctrina, 16 de Octubre de 2017
Recientes pronunciamientos de la Dirección General de los Registros y del Notariado ponen en duda, no ya la conveniencia, sino la misma posibilidad de que un no residente otorgue en España un testamento, sólo para los bienes en nuestro país. Por el contrario, opinan los autores que estas disposiciones mortis causa, ni son incompatibles con el Reglamento 650/2012, ni deben ser erradicadas por sí mismas de nuestra práctica notarial, pero han de configurare claramente como una atribución a título particular o legado. De todos modos, la disposición española no podría desvincularse de lo hecho en el país de la residencia y por eso será necesario aportar determinada documentación extranjera. Además, tanto en el momento del otorgamiento del testamento, como después en el de la adjudicación, será necesario encajar esa disposición singular en la sucesión universal del causante en los términos de la única ley aplicable a la misma, punto en el que puede resultar problemática su coordinación con nuestra legislación registral, si aquella ley sólo reconoce al legado eficacia obligacional. Al margen de esto, la disposición española también puede facilitar los trámites sucesorios futuros.
Este artículo quiere llamar la atención sobre la posibilidad y conveniencia de que un ciudadano no residente otorgue en España un testamento sólo para sus bienes en nuestro país, en especial después de que la Dirección General de los Registros y de Notariado se haya mostrado, de forma no demasiado clara, en contra de esta opción testamentaria.

BOE de 16.10.2017


Recurso de inconstitucionalidad n.º 2557-2017, contra el artículo 3 por el que se da nueva redacción a los artículos 621-1 a 621-54 (contrato de compraventa), y a los arts. 621-56 y 621-57 (contrato de permuta) del libro sexto del Código civil de Cataluña; artículo 4, por el que se da nueva redacción a los arts. 622-21 a 622-42 del Código civil de Cataluña; contra el artículo 9, en tanto que introduce una disposición transitoria primera en el libro sexto del Código civil de Cataluña, de la Ley 3/2017, de 15 de febrero, del libro sexto del Código civil de Cataluña, relativo a las obligaciones y los contratos, y de modificación de los libros primero, segundo, tercero, cuarto y quinto.
Nota: El TC acuerda levantar la suspensión del art. 3, en la parte por la que se da nueva redacción a los arts. 621-1 a 621-54 (contrato de compraventa) y a los arts. 621-56 y 621-57 (contrato de permuta); del art. 4, por el que se da nueva redacción a los arts. 622-21 a 622-42 del Código civil de Cataluña y del art. 9, en tanto que introduce una disposición transitoria primera en el libro sexto del Código Civil de Cataluña, de la Ley 3/2017, de 15 de febrero, del libro sexto del Código civil de Cataluña, relativo a las obligaciones y los contratos, y de modificación de los libros primero, segundo, tercero, cuarto y quinto.
Véase el Recurso de inconstitucionalidad n.º 2557-2017, así como la entrada de este blog del día 14.6.2017. Véase, igualmente, la Ley 3/2017 de la Comunidad Autónoma de Cataluña, de 15 de febrero, así como la entrada de este blog del día 8.3.2017.

domingo, 15 de octubre de 2017

Bibliografía - La protección del personas laboral al servicio de las embajadas españolas


De la protección del personal laboral al servicio de las embajadas españolas.
Nuria MARCHAL ESCALONA, Profesora Titular de Derecho Internacional Privado (Universidad de Granada)
Bitácora Millennium DIPr., nº 6 (Prepublicación)
SUMARIO: I. Introducción II. De la competencia judicial internacional. III. El Derecho aplicable y la (des) protección del personal laboral al servicio de la Administración española en el exterior IV. La extinción del contrato del personal laboral al servicio de embajadas españolas 1. Introducción 2. Del despido: de su posible calificación como norma imperativa y de su aplicación en Derecho Internacional Privado V. Conclusiones.

El presente estudio pretende analizar hasta qué punto el personal laboral de nacionalidad española que presta sus servicios en las embajadas españolas en el extranjero puede disfrutar o no de la protección que les confiere el Derecho español.

Revista de revistas (8 a 15 de octubre)


sábado, 14 de octubre de 2017

Bibliografía - Novedad editorial


Se ha publicado la 27ª edición de la "Legislación básica de Derecho Internacional Privado", de los profesores Alegría Borrás, Nuria Bouza, Francisco J. Garcimartín y Miguel Virgós, editada por la Editorial Tecnos.

Esta obra constituye una sistematización —con abundantes notas y concordancias, además de referencias a las direcciones de Internet útiles para completar y poner al día determinados datos— de los textos básicos de Derecho internacional privado vigentes en el ordenamiento español, precedidos de una introducción.
Dado el amplio volumen de normas que contiene, la estructura de la obra pretende hacer intuitiva su utilización. Así, partiendo de la Constitución española y de los Tratados de la Unión Europea, las normas más relevantes para el Derecho internacional privado se han agrupado en dos grandes bloques, consagrado el primero a las normas de carácter general, tanto procesales como en materia civil y mercantil, y el segundo a las normas específicas en los diferentes sectores (personas físicas, familia y sucesiones, sociedades, obligaciones y bienes), incluyendo también un apartado dedicado a las normas de Derecho concursal y , finalmente, un apartado dedicado al arbitraje y la mediación. En cada uno de estos sectores los textos se presentan siempre en el mismo orden, incluyéndose primero las normas de Derecho de la Unión Europea con incidencia en el ámbito del Derecho internacional privado, cuya importancia ha aumentado notablemente en los últimos tiempos, las del Derecho convencional y, finalmente, las normas internas. Este amplio conjunto de textos, actualizados hasta julio de 2017, está destinado a facilitar tanto la docencia universitaria como la labor de los profesionales del Derecho.

Extracto del índice:
Introducción a la 27ª edición
Selección de direcciones de Internet
I. Normas fundamentales
II. Normas procesales de carácter general
1) Normas de la Unión Europea y normas convencionales relacionadas
2) Normas convencionales
3) Normas de Derecho interno
III. Normas de carácter general en materia civil y mercantil
IV. Personas físicas, familia y sucesiones
1) Persona física
2) Familia y protección de menores
3) Alimentos
4) Sucesiones
V. Sociedades, obligaciones y bienes
1) Persona jurídica
2) Obligaciones contractuales
3) Obligaciones extracontractuales
4) Derechos reales y garantías
5) Bienes culturales
6) Propiedad intelectual e industrial
7) Títulos valores
8) Mercado y competencia
VI. Derecho concursal
VII. Arbitraje y mediación
Índice cronológico de disposiciones
Índice de disposiciones en atención a su fuente de origen
Índice analítico
Ficha técnica:
Legislación básica de Derecho Internacional Privado, 27ª ed.
Edición de A.Borrás, N.Bouza, F.J.Garcimartín, M.Virgos
Editorial Tecnos, 2017 - Biblioteca de Textos Legales n. 139
1696 págs. - 35,20 €
ISBN: 978-84-309-7187-9

DOUE de 14.10.2017


Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo, de 10 de octubre de 2017, relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea.
Nota: En la exposición de motivos de la norma se explica que las situaciones en que diferentes Estados miembros interpretan o aplican de modo diferente las disposiciones de los acuerdos y convenios fiscales bilaterales, o el Convenio relativo a la supresión de la doble imposición en caso de corrección de los beneficios de empresas asociadas (90/436/CEE) («Convenio de Arbitraje de la Unión») pueden crear graves obstáculos fiscales para las empresas que operan a escala transfronteriza. Generan una carga fiscal excesiva a las empresas y pueden dar lugar a distorsiones e ineficiencias económicas e incidir negativamente en las inversiones transfronterizas y el crecimiento. Por esta razón, es necesario que existan mecanismos en la Unión que garanticen la resolución efectiva de los litigios relacionados con la interpretación y aplicación de tales tratados fiscales bilaterales y del Convenio de Arbitraje de la Unión, en particular los litigios que dan lugar a doble imposición.
Los mecanismos existentes previstos en los tratados fiscales bilaterales y el Convenio de Arbitraje de la Unión podrían no permitir resolver de modo efectivo dichos litigios en todos los casos de manera oportuna. El ejercicio de seguimiento efectuado en el marco de la aplicación del Convenio de Arbitraje de la Unión ha puesto de manifiesto algunas deficiencias importantes, en particular en lo que se refiere al acceso al procedimiento y en lo que se refiere a la duración y la conclusión efectiva del procedimiento. Con el fin de crear un marco fiscal más justo, es preciso mejorar las normas sobre transparencia y reforzar las medidas contra la elusión fiscal. Al mismo tiempo, en aras de un sistema fiscal justo, es preciso velar por que los mecanismos de resolución de litigios sean integradores, eficaces y sostenibles. Es menester asimismo mejorar los mecanismos de resolución de litigios para responder al riesgo de que aumente el número de litigios por doble o múltiple imposición en los que puedan estar en juego cuantías potencialmente elevadas como consecuencia de prácticas de auditoría más regulares y específicas establecidas por las administraciones tributarias.

La resolución de litigios debe aplicarse a las diferentes formas de interpretar y aplicar los tratados fiscales bilaterales y el Convenio de Arbitraje de la Unión, en particular a las diferencias de interpretación y de aplicación que dan lugar a doble imposición. Esto debe alcanzarse mediante un procedimiento que se inicia con la presentación del caso a las autoridades tributarias de los Estados miembros afectados con miras a la resolución del litigio por procedimiento amistoso. Debe alentarse a los Estados miembros a que recurran a formas de resolución de litigios alternativas no vinculantes, como la mediación o la conciliación, durante las fases finales del período del procedimiento amistoso. De no llegarse a un acuerdo amistoso en un plazo determinado, el caso debe someterse a un procedimiento de resolución de litigios. Debe haber flexibilidad en la elección del método para la resolución de litigios, bien mediante estructuras ad hoc, bien mediante estructuras más permanentes. Los procedimientos de resolución de litigios podrían adoptar la forma de una comisión consultiva compuesta por representantes de las autoridades fiscales afectadas y de personalidades independientes o podrían tener la forma de una comisión de resolución alternativa de litigios (esta última aportaría flexibilidad en la elección de los métodos de resolución de litigios). Por otro lado, en su caso, los Estados miembros podrían elegir, por medio de un acuerdo bilateral, utilizar cualquier otro procedimiento de resolución de litigios, como el procedimiento de arbitraje de la «oferta definitiva» (también conocido como arbitraje de «la última mejor oferta»), para resolver el litigio de manera vinculante. Las autoridades tributarias deben tomar una decisión vinculante definitiva por referencia al dictamen de la comisión consultiva o de la comisión de resolución alternativa de litigios.
La mejora del mecanismo de resolución de litigios debe basarse en los sistemas existentes en la Unión, incluido el Convenio de Arbitraje de la Unión. No obstante, el ámbito de aplicación de la presente Directiva ha de ser más amplio que el del Convenio de Arbitraje de la Unión, que se limita exclusivamente a los litigios en materia de precios de transferencia y a la atribución de beneficios a los establecimientos permanentes. La presente Directiva debe aplicarse a todos los contribuyentes sujetos al impuesto sobre la renta y el patrimonio cubierto por los tratados fiscales bilaterales y el Convenio de Arbitraje de la Unión. Al mismo tiempo, los individuos y las microempresas y pequeñas y medianas empresas deben tener una menor carga administrativa cuando acceden al procedimiento de resolución de litigios. Además, debe reforzarse la fase de resolución de litigios. En concreto, conviene delimitar la duración de los procedimientos de resolución de los litigios de doble imposición y establecer las condiciones del procedimiento de resolución de litigios para los contribuyentes.

Esta Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el DOUE, y será aplicable a toda reclamación presentada a partir del 1.7.2019 en adelante respecto de las cuestiones en litigio referentes a rentas o patrimonio obtenidos en un ejercicio fiscal que se haya iniciado el 1.1.2018 o con posterioridad a esa fecha. No obstante, los Estados miembros podrán acordar aplicar la presente Directiva a toda reclamación que se haya presentado con anterioridad a dicha fecha o a ejercicios fiscales anteriores (art. 23). Por su parte, los Estados miembros deberán haberla transpuesto a más tardar el 30.6.2019 (art. 22.1).

viernes, 13 de octubre de 2017

Jurisprudencia - Procedimiento diseñado para engañar por medios informáticos a una serie de empresas internacionales


Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Sentencia de 16 febrero 2017, Rec. 1245/2016: Condena por delito continuado de estafa en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil y un delito de participación en organización criminal. La sofisticación en el procedimiento diseñado para engañar por medios informáticos a una serie de empresas internacionales revela una organización criminal con estabilidad y reparto de tareas. Un conjunto de personas, actuando desde varios países, se aprovecharon del prestigio internacional de una empresa española dedicada a la explotación y comercialización de mercurio, para obtener un beneficio económico injustificado, a cuyo efecto crearon un dominio alojado en el Reino Unido. Desarrollaron una página web a la que se accedía a través de dicho dominio, imitando el estilo, diseño y contenido de la página de la empresa española, eliminando los datos de contacto auténticos y sustituyéndolos por otros; cuando los clientes de la empresa accedían por error a la página web alojada en el dominio creado, se les facilitaban teléfonos de contacto y direcciones de correo electrónico que correspondían a personas que actuaban en concierto con los que habían creado la falsa página web. Con dicha actuación, los clientes de la empresa contactaron con personas que nada tenían que ver con ella, quienes, actuando en colaboración con los que habían creado la falsa página web, ofrecían partidas de mercurio a precios ventajosos, exigiendo que se remitiera a las cuentas por ellos designadas cantidades en efectivo en concepto de señal o como confirmación de los pedidos.
Ponente: Conde-Pumpido Touron, Cándido.
Nº de Recurso: 1245/2016
Jurisdicción: PENAL
Iustel - Diario Del Derecho, 13 octubre 2017, sección Jurisprudencia
[Texto Iustel]
[Texto en CENDOJ: STS 483/2017 - ECLI: ES:TS:2017:483]

Congreso de los Diputados - Convenio internacional


El Congreso de los Diputados ha acordado tramitar la correspondiente autorización para proceder a la ratificación del Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Japón relativo al Programa de vacaciones y actividades laborales esporádicas, hecho en Tokio el 5 de abril de 2017 (BOCG. Sección Cortes Generales, serie C, núm. 67-1, de 13.10.2017).
Nota: Mediante el presente Acuerdo, cada parte contratante se compromete a facilitar la tramitación y expedición a los nacionales del otro país que residan en él de un visado para el programa de vacaciones y actividades laborales esporádicas.

Juripsrudencia - Abogado que estafa a clientes extranjeros prometiéndoles permisos residencia sobre falsos contratos


Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 540/2017 de 12 Jul. 2017, Rec. 1621/2016: Concurso de delitos. Medial entre falsedad documental y estafa. Cometido por el Abogado que tramitó numerosos expedientes de extranjería en su despacho –a través de becarios- para la obtención de permisos de trabajo y residencia de extranjeros, aportando contratos de trabajo falsos y otros documentos confeccionados al efecto en sociedades o empresas inactivas, cobrando a los clientes a sabiendas de la denegación de los mismos. Continuidad delictiva. Nexo causal precedente entre el engaño, el error y el desplazamiento patrimonial en perjuicio de las víctimas. Falsedad en documento privado, en cuanto que la mendacidad en los sellos de entrada en oficina pública, no iba dirigida a incorporarse a expediente alguno, sino en simular tal entrada, para estafar a los perjudicados. Penalidad. Minoración de la pena a 3 años de prisión por absorción de la falsificación por la estafa. No puede mantenerse tampoco la estafa agravada por encima de 50.000 euros, por no existir datos concluyentes al respecto. Condena por delito continuado de estafa básico del art. 249 CP.
Ponente: Sánchez Melgar, Julián.
Nº de Sentencia: 540/2017
Nº de Recurso: 1621/2016
Jurisdicción: PENAL
Diario La Ley, Nº 9060, Sección Jurisprudencia, 13 de Octubre de 2017
ECLI: ES:TS:2017:2871

Bibliografía - El fraude del realquiler vacacional


El fraude del realquiler vacacional
Vicente MAGRO SERVET, Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, Doctor en Derecho
Diario La Ley, Nº 9060, Sección Doctrina, 13 de Octubre de 2017, Editorial Wolters Kluwer
Analiza el autor el fraude que se está produciendo en casos de alquiler vacacional de inmuebles llevado a cabo por inquilinos de inmuebles con contratos de larga duración, lo que provoca un importante beneficio económico y una estafa al arrendador que no conoce el destino de su propio inmueble. Se analizan la viabilidad de las vías civil y penal, y la forma de afrontar el arrendador este problema para obtener la inmediata recuperación de la posesión de su inmueble, evitando, también, caer en actuaciones que pueden constituir un ilícito penal o civil.
Se realiza un detallado estudio de la vía civil y penal para afrontar este problema, ofreciéndose del mismo modo una propuesta de reforma legislativa que resolvería este problema grave provocado por los grandes beneficios que está produciendo esta nueva figura del alquiler vacacional, pero, sobre todo, para evitar el retraso en la recuperación del inmueble por el propietario perjudicado.

Bibliografía - La hipoteca inmobiliaria en el marco de la inversión extranjera para el desarrollo inmobiliario en Cuba


La hipoteca inmobiliaria en el marco de la inversión extranjera para el desarrollo inmobiliario en la República de Cuba
Lourdes DÁVALOS LEÓN, Abogada del Área de Derecho Mercantil de Uría Menéndez (Madrid), Licenciada en Derecho por la Universidad de La Habana y la Universidad Complutense de Madrid; Amadeu BLASCO MUÑOZ, Responsable de la Asesoría Jurídica Procesal y Recuperaciones - RED de SAREB
Diario La Ley, Nº 9060, Sección Tribuna, 13 de Octubre de 2017, Editorial Wolters Kluwer
Los autores analizan en el presente trabajo la situación de la figura jurídica de la hipoteca en Cuba, centrándose exclusivamente en el régimen de la hipoteca voluntaria inmobiliaria. Abordan las posibles perspectivas de reforma para una correcta aplicación.

DOUE de 13.10.2017


-Actualización de la lista de permisos de residencia a que se refiere el artículo 2, apartado 16, del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen).
Nota: Véase el Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen).
Véanse igualmente las listas de permisos de residencia publicados con anterioridad en DOUE C247, de 13.10.2006, p. 1; DOUE C153, de 6.7.2007, p. 5; DOUE C192, de 18.8.2007, p. 11; DOUE C271, de 14.11.2007, p. 14; DOUE C57, de 1.3.2008, p. 31; DOUE C134, de 31.5.2008, p. 14.; DOUE C207, de 14.8.2008, p. 12; DOUE C331, de 21.12.2008, p. 13; DOUE C3, de 8.1.2009, p. 5; DOUE C64, de 19.3.2009, p. 15; DOUE C239, de 6.10.2009, p. 2; DOUE C298, de 8.12.2009, p. 15; DOUE C308, de 18.12.2009, p. 20; DOUE C35, de 12.2.2010, p. 5; DOUE C74, de 24.3.2010, p. 13; DOUE C82, de 30.3.2010, p. 26; DOUE C103, de 22.4.2010, p. 8; DOUE C108, de 7.4.2011, p. 6; DOUE C157, de 27.5.2011, p. 5; DOUE C201, de 8.7.2011, p. 1; DOUE C216, de 22.7.2011, p. 26; DOUE C283, de 27.9.2011, p. 7; DOUE C199, de 7.7.2012, p. 5; DOUE C214, de 20.7.2012, p. 7; DOUE C298, de 4.10.2012, p. 4; DOUE C51, de 22.2.2013, p. 6; DOUE C75, de 14.3.2013, p. 8.; DOUE C77, de 15.3.2014, p. 4; DOUE C118, de 17.4.2014, p. 9; DOUE C200, de 28.6.2014, p. 59, DOUE C304, de 9.9.2014, p. 3; DOUE C390, de 5.11.2014, p. 12; DOUE C210, de 26.6.2015, p. 5; DOUE C286, de 29.8.2015, p. 3; DOUE C151, de 28.4.2016, p. 4; DOUE C16, de 18.1.2017, p. 5; DOUE C69, de 4.3.2017, p. 6; DOUE C94, de 25.3.2017, p. 3; DOUE C297, de 8.9.2017, p. 3.

Comité Económico y Social Europeo
(527º Pleno de los días 5 y 6 de julio de 2017)

-Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La industria de los productos falsificados y pirateados» (Dictamen de iniciativa).

-Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el intercambio transfronterizo entre la Unión y terceros países de ejemplares en formato accesible de determinadas obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor y derechos afines en favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso».

-Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el respeto de la vida privada y la protección de los datos personales en el sector de las comunicaciones electrónicas y por el que se deroga la Directiva 2002/58/CE (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas).

jueves, 12 de octubre de 2017

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (12.10.2017)


-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) de 12 de octubre de 2017, en el asunto C‑218/16 (Kubicka): Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Reglamento (UE) n.º 650/2012 — Sucesiones y certificado sucesorio europeo — Ámbito de aplicación — Bien inmueble situado en un Estado miembro que no reconoce el legado vindicatorio — Denegación del reconocimiento de los efectos reales de dicho legado.
Fallo del Tribunal: "Los artículos 1, apartado 2, letras k) y l), y 31 del Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la denegación del reconocimiento por una autoridad de un Estado miembro de los efectos reales del legado vindicatorio, reconocido por el Derecho aplicable a la sucesión que el testador ha elegido con arreglo al artículo 22, apartado 1, del citado Reglamento, cuando la denegación se basa en que ese legado se refiere al derecho de propiedad de un inmueble situado en dicho Estado miembro, cuya legislación no reconoce la institución del legado con efecto real directo en la fecha de apertura de la sucesión."
-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta) de 12 de octubre de 2017, en el asunto C‑278/16 (Sleutjes): Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia penal — Directiva 2010/64/UE — Artículo 3, apartado 1 — Derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales — Traducción de “documentos esenciales” — Concepto de “documentos esenciales” — Resolución judicial de autorización de un decreto de propuesta de proposición de pena dictada tras un procedimiento unilateral abreviado y que condena a su destinatario a una multa por una infracción leve.
Fallo del Tribunal: "El artículo 3 de la Directiva 2010/64 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales, debe interpretarse en el sentido de que un acto como una resolución prevista por el Derecho nacional para sancionar infracciones penales leves dictada por un juez tras un procedimiento unilateral abreviado constituye un «documento esencial» a los efectos del apartado 1 de dicho artículo, del cual deben recibir una traducción escrita que respete los requisitos formales que establece la referida disposición las personas sospechosas o acusadas que no comprendan la lengua del proceso de que se trate, con el fin de permitirles ejercer su derecho de defensa y de salvaguardar de este modo la equidad del proceso."

DOUE de 12.10.2017 - Comité de las Regiones


Comité de las Regiones
(124º Pleno, 12-13 de julio de 2017)

-Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Migración en la ruta del Mediterráneo Central.
Nota: Véase el documento JOIN(2017) 4 final, COMUNICACIÓN CONJUNTA AL PARLAMENTO EUROPEO, EL CONSEJO EUROPEO Y EL CONSEJO. Migración en la ruta del Mediterráneo Central Gestionar los flujos, salvar vidas en el mar, así como su Anexo.

miércoles, 11 de octubre de 2017

Jurisprudencia - Un extranjero sin permiso de residencia y de trabajo no tiene derecho a prestación por desempleo


Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Sección 991, Sentencia de 31 enero 2017, Rec. 1153/2015: La prestación por desempleo no la puede obtener el extranjero que se encuentra en situación irregular en España, dada la ineficacia a efectos prestacionales que de la legislación de extranjería se deriva, que no se sana por el hecho de que haya regularizado posteriormente su situación, lo que únicamente le da derecho a las prestaciones que, en su caso, haya podido generar por ese periodo trabajado legalmente y cotizado. Votos particulares.
Ponente: Luelmo Millán, Miguel Ángel.
Nº de Recurso: 1153/2015
Jurisdicción: SOCIAL
Iustel - Diario Del Derecho, 11 octubre 2017, sección Jurisprudencia
[Texto Iustel]
[Texto en CENDOJ: STS 656/2017 - ECLI: ES:TS:2017:656]