lunes, 23 de abril de 2018

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


SENTENCIAS

-Asunto C-266/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 27 de febrero de 2018 [petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Reino-Unido] — The Queen, a instancias de Western Sahara Campaign UK / Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs (Procedimiento prejudicial — Acuerdo de colaboración entre la Comunidad Europea y el Reino de Marruecos en el sector pesquero — Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca previstas en dicho Acuerdo — Actos por los que se aprueba la celebración del Acuerdo y del Protocolo — Reglamentos por los que se reparten entre los Estados miembros las posibilidades de pesca fijadas en el Protocolo — Competencia judicial — Interpretación — Validez a la luz del artículo 3 TUE, apartado 5, y del Derecho internacional — Aplicabilidad de dicho Acuerdo y dicho Protocolo al territorio del Sáhara Occidental y a las aguas adyacentes)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 27.2.2018.
-Asunto C-558/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 1 de marzo de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Kammergericht Berlin — Alemania) — procedimiento iniciado por Doris Margret Lisette Mahnkopf [Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Reglamento (UE) n.° 650/2012 — Sucesiones y certificado sucesorio europeo — Ámbito de aplicación — Posibilidad de hacer constar la parte alícuota del cónyuge supérstite en el certificado sucesorio europeo]
Nota: Véase la entrada de este blog del día 1.3.2018.
-Asunto C-289/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 28 de febrero de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tartu Maakohus — Estonia) — Collect Inkasso OÜ y otros / Rain Aint y otros (Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil y mercantil — Reglamento (CE) n.° 805/2004 — Título ejecutivo europeo para créditos no impugnados — Requisitos para la certificación — Normas mínimas aplicables a los procedimientos relativos a los créditos no impugnados — Derechos del deudor — Falta de mención de la dirección de la institución a la que puede remitirse una impugnación del crédito o ante la que se puede interponer un recurso contra la resolución)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 28.2.2018.
NUEVOS ASUNTOS

-Asunto C-38/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Bari (Italia) el 19 de enero de 2018 — Proceso penal contra Massimo Gambino y Shpetim Hyka
Cuestión planteada:
"¿Deben interpretarse los artículos 16, 18 y 20, letra b), de la Directiva 2012/29/UE en el sentido de que se oponen a que la víctima de un delito deba prestar de nuevo declaración ante el órgano jurisdiccional a raíz de su modificación si, con arreglo a los artículos 511, apartado 2, y 525, apartado 2, del Codice di Procedura Penal (Código de Procedimiento Penal) —tal como han sido interpretados de forma reiterada por la jurisprudencia de casación—, una de las partes procesales deniega el consentimiento para la lectura de las actas de las declaraciones prestadas anteriormente por la víctima, de conformidad con el principio de contradicción, ante un juez distinto en el mismo proceso?"
-Asunto C-47/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Wien (Austria) el 26 de enero de 2018 — Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej — Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad / Stephan Riel, en calidad de administrador concursal en el procedimiento de insolvencia de la sociedad Alpine Bau GmbH
Cuestiones planteadas:
"Primera cuestión
¿El artículo 1, apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que la acción declarativa de reconocimiento de créditos a los efectos del procedimiento de insolvencia («Prüfungsklage») del Derecho austriaco afecta a la insolvencia a los efectos del artículo 1, apartado 2, letra b), del Reglamento no 1215/2012 y, por tanto, está excluida del ámbito de aplicación material de dicho Reglamento?

Segunda cuestión, letra a) (sólo en caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión)
¿El artículo 29, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, puede aplicarse por analogía a las acciones anexas comprendidas en el ámbito de aplicación del Reglamento n. o 1346/2000?

Segunda cuestión, letra b) [sólo en caso de respuesta negativa a la primera cuestión o en caso de respuesta afirmativa a la letra a) de la segunda cuestión]
¿El artículo 29, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que se formula una demanda con el mismo objeto y la misma causa entre las mismas partes cuando un acreedor —el demandante—, que ha presentado en el procedimiento de insolvencia principal austriaco y en el procedimiento de insolvencia secundario polaco un crédito idéntico (en esencia) que no ha sido reconocido (en gran medida) por el administrador concursal correspondiente, ejercita sendas acciones, primero en Polonia contra el administrador concursal en el procedimiento secundario y posteriormente en Austria contra el administrador concursal del procedimiento principal —el demandado—, para que se declare la existencia de créditos concursales de una cuantía determinada?

Tercera cuestión, letra a)
¿El artículo 41 del Reglamento (UE) n.o 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia, debe interpretarse en el sentido de que se cumple la obligación de indicar «la naturaleza del crédito, la fecha de su nacimiento y su importe» cuando el acreedor, domiciliado en un Estado miembro distinto del Estado de apertura del procedimiento (que es el caso del demandante), al presentar su crédito en el procedimiento de insolvencia principal (como en el presente caso),
a) se limita a describir el crédito, indicando un importe concreto, pero sin indicar la fecha de nacimiento de éste (por ejemplo, «crédito del subcontratista JSV Slawomir Kubica por la realización de obras viarias»);
b) en la propia presentación no se comunica la fecha de nacimiento del crédito, pero de los documentos adjuntos aportados junto con el escrito de presentación del crédito se puede deducir la fecha de nacimiento de éste (por ejemplo, a partir de una fecha indicada en la factura presentada)?

Tercera cuestión, letra b)
¿El artículo 41 del Reglamento (UE) n.o 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia, debe interpretarse en el sentido de que dicha disposición no se opone a la aplicación de disposiciones nacionales más ventajosas en el caso concreto para el acreedor que presenta un crédito y que está domiciliado en un Estado miembro distinto del Estado de apertura del procedimiento (por ejemplo, en lo que atañe al requisito de indicación de la fecha de nacimiento del crédito)?"
-Asunto C-89/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret (Dinamarca) el 8 de febrero de 2018 — A / Udlændinge- og Integrationsministeriet
Cuestiones planteadas:
"1) En caso de que se introduzcan «nuevas restricciones» a la reagrupación familiar entre cónyuges que infringen, prima facie, la cláusula de «standstill» del artículo 13 de la Decisión n.o 1/80 (Decisión n.o 1/80 del Consejo de Asociación, de 19 de septiembre de 1980, relativa al desarrollo de la Asociación, nacida del Acuerdo por el que se crea una Asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía, firmado el 12 de septiembre de 1963 por la República de Turquía y la Comunidad Económica Europea), y dichas restricciones estén justificadas en virtud de consideraciones relativas a la «integración satisfactoria» reconocidas por el Tribunal de Justicia en sus sentencias de 12 de abril de 2016, Genc (C-561/14), y de 10 de julio de 2014, Dogan (C-138/13), ¿una norma como el artículo 9, apartado 7, de la Udlændingeloven (Ley de Extranjería danesa) —en virtud del cual, entre otros, constituye un requisito general para la reagrupación familiar de una persona nacional de un tercer país con permiso de residencia en Dinamarca con su cónyuge que la vinculación de la pareja con Dinamarca sea mayor que con Turquía— puede considerarse «justificada por una razón imperiosa de interés general, […] adecuada para garantizar la realización del objetivo legítimo perseguido y [que no va] más allá de lo necesario para alcanzarlo»?
2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial, en el sentido de que el requisito de vinculación se considere en general adecuado para garantizar el objetivo de integración, ¿es posible, sin infringir el criterio de la restricción y el principio de proporcionalidad:
i) aplicar una práctica en virtud de la cual, cuando el cónyuge con permiso de residencia en el Estado miembro (la persona de referencia) haya entrado por vez primera en Dinamarca a la edad de 12-13 años o posteriormente, a fines de apreciar la vinculación de la persona de referencia con el Estado miembro se atribuya un peso significativo a los siguientes criterios: que la persona haya tenido, o bien un período de residencia legal de larga duración, de unos 12 años, en el Estado miembro, o bien un período de residencia y empleo estable en el Estado miembro, con un grado considerable de contacto y comunicación con compañeros y clientes en la lengua del Estado miembro, que se mantuvo sin interrupciones significativas durante al menos cuatro o cinco años, o un período de residencia y empleo estable sin un grado considerable de contacto y comunicación con compañeros y clientes en la lengua del Estado miembro, que se mantuvo sin interrupciones significativas durante al menos siete u ocho años;
ii) aplicar una práctica con arreglo a la cual abogará en contra del cumplimiento del requisito de vinculación el que la persona de referencia haya mantenido una vinculación significativa con su país de origen realizando visitas frecuentes o prolongadas a dicho país, mientras que las vacaciones de breve duración o las estancias con fines educativos no afectarán negativamente a la concesión de un permiso;
iii) aplicar una práctica en virtud de la cual abogará acusadamente en contra del cumplimiento del requisito de vinculación la existencia de la llamada situación de «matrimonio, divorcio y matrimonio de nuevo»?"
-Asunto C-102/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Köln (Alemania) el 13 de febrero de 2018 — Klaus Manuel Maria Brisch
Cuestión planteada: "Para solicitar un certificado sucesorio europeo de conformidad con el artículo 65, apartado 2, del Reglamento n.o 650/2012, ¿es obligatoria o meramente facultativa la utilización del formulario IV (anexo 4) del artículo 1, apartado 4, del Reglamento de Ejecución n.o 1329/2014, establecido de acuerdo con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 81, apartado 2, del Reglamento n.o 650/2012?"

domingo, 22 de abril de 2018

Bibliografía - La reciente jurisprudencia del TS sobre la competencia para conocer del procedimiento de exequátur de resoluciones extranjeras de divorcio


La reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la competencia para conocer del procedimiento de exequátur de resoluciones judiciales extranjeras de divorcio
Javier CASADO ROMÁN, Letrado de la Administración de Justicia
Bitácora Millennium DIPr., nº 7 (Prepublicación)
SUMARIO: I. Introducción II. Concepto de exequátur III. El artículo 52 de la ley 29/2015 IV. Jurisprudencia reciente sobre esta materia 1. Exequátur en las sentencias de divorcio, con arreglo al artículo 955 LEC 1881 2. Exequátur en relación a sentencias de divorcio, con arreglo a la Ley 29/2015 V. Conclusiones.

En el presente artículo analizaremos la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo, al resolver conflictos negativos de competencia entre los Juzgados españoles, al analizar el artículo 52 de la Ley 29/2015, de cooperación jurídica internacional en materia civil.
In the present article we will analyze the recent jurisprudence of the Supreme Court, when resolving negative conflicts of territorial jurisdiction between the Spanish Courts, when examining the article 52 of Act 29/2015, of international legal cooperation in civil matters.

Revista de revistas (15 a 22 de abril)


-Cuadernos Europeos de Deusto: núm. 56 (2017) [Governing Mobility in Europe: Interdisciplinary Perspectives]; núm. 57 (2016) [La contribución de la UE a los grandes desafíos de la sociedad internacional].
-Jus - Juristische Schulung: 2018, núm. 3; 2018, núm. 4.

sábado, 21 de abril de 2018

Bibliografía - El reglamento europeo 650/2012 ante el cambio de paradigma del derecho de sucesiones


El reglamento europeo 650/2012 ante el cambio de paradigma del derecho de sucesiones
Luis Francisco Carrillo Pozo, Profesor Titular de Derecho Internacional Privado (Universidad de Gerona)
Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 151 (enero-abril 2018), pp. 51-83.
Resumen: El Reglamento Europeo 650/ 2012 tiene como objetivo –entre otros– favorecer la programación de la propia sucesión en Europa. En este sentido, parece alinearse con las más modernas tendencias del derecho de sucesiones, superando la vieja perspectiva de sostenimiento de las necesidades familiares para dar paso a consideraciones centradas en la autonomía del causante y en la continuidad de las empresas. No obstante, las limitaciones geográficas a las que se ve inevitablemente condenado y las propias opciones en la selección de la ley aplicable comprometen la realización de aquellos objetivos.

SUMARIO: I. Planteamiento. II. El sistema sucesorio ante una nueva realidad social y económica. III. Los problemas de una ordenada sucesión en perspectiva
comparada. IV. El Reglamento sobre Sucesiones. V. Las debilidades del panorama sucesorio y la respuesta del Reglamento. VI. Un apunte final.

Bibliografía - Aproximación al interés superior del menor en el DIPr español


Aproximación al interés superior del menor en el Derecho Internacional Privado español
Ana Fernández Pérez, Profesora visitante (acreditada a Profesora Titular de Universidad) de Derecho Internacional Privado (Universidad de Alcalá de Henares).
Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 151 (enero-abril 2018), pp. 107-134.
Resumen: La reforma introducida por la Ley 8/2015 del 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, intenta acotar el término “interés superior del menor”. No obstante, no existe un concepto universal en materia de derecho internacional privado. Los derechos fundamentales de los menores se relacionan con este concepto para favorecer una intermediación entre el interés del menor y los valores propios del ordenamiento jurídico de cada foro, que requieren una serie de precisiones sobre su configuración.

SUMARIO: I. Introducción. II. Protección de menores e interés superior del menor. III. El interés superior del menor en el derecho internacional privado de menores. IV. Manifestaciones del interés superior del menor en el derecho internacional privado. V. Conclusiones.

Bibliografía - Las decisiones extranjeras de divorcio frente a la exigencia de conformidad con el derecho del foro: el ejemplo chileno y peruano


Las decisiones extranjeras de divorcio frente a la exigencia de conformidad con el derecho del foro: el ejemplo chileno y peruano
Gisela Moreno Cordero, Profesora Sustituta Interina de Derecho Internacional Privado (Universidad de Sevilla)
Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 151 (enero-abril 2018), pp. 175-226.
Resumen: Las instituciones de familia se encuentran especialmente expuestas al impacto negativo del orden público en su vertiente sustantiva. En los procesos de reconocimiento de decisiones extranjeras de divorcio esta excepcional cláusula suele identificarte con situaciones en las que no se han visto afectados principios y valores esenciales del foro. Esto es precisamente lo que sucede en Chile y en Perú, sedes en las que el éxito de las decisiones extranjeras de divorcio se hace depender de una identificación entre la causal aplicada al divorcio decretado en el extranjero y las causales previstas en sus respectivos derechos internos. Para evitar las nocivas consecuencias que este comportamiento genera para el tráfico externo de estas decisiones y llegar a conclusiones certeras sobre su origen, el presente estudio será abordado a partir de la información que aportan las distintas fuentes que vinculan a dichos Estados en este ámbito material, el tratamiento dado por la doctrina y su proyección en la jurisprudencia local.

SUMARIO: I. Introducción. II. El orden público matrimonial como cláusula de excepción, la conformidad con las normas sustantivas del foro y el control de la ley aplicada al divorcio decretado en el extranjero. Presupuestos doctrinales de partida. III. Normas de DIPR. en el sistema de fuentes que vinculan a Chile y a Perú, y su incidencia en el reconocimiento de decisiones extranjeras de divorcio. IV. El reconocimiento de las decisiones extranjeras de divorcio en la jurisprudencia chilena y peruana: ¿orden público o conformidad con el derecho sustantivo del foro? V. Reflexiones finales.

Documentos COM: Novedades


-COM(2018) 96 final, Bruselas, 12.3.2018, Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre la ley aplicable a los efectos frente a terceros de las cesiones de créditos.

-COM(2018) 184 final, Brussels, 11.4.2018, Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on representative actions for the protection of the collective interests of consumers, and repealing Directive 2009/22/EC (Text with EEA relevance).
-COM(2018) 184 final, Brussels, 11.4.2018, ANNEXES 1 to 2 to the Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on representative actions for the protection of the collective interests of consumers, and repealing Directive 2009/22/EC (Text with EEA relevance).
-COM(2018) 185 final, Brussels, 11.4.2018, Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993, Directive 98/6/EC of the European Parliament and of the Council, Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council and Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council as regards better enforcement and modernisation of EU consumer protection rules (Text with EEA relevance).

Agradezco la información a Mª Luz Puerto Mendoza.

viernes, 20 de abril de 2018

Consejo de Ministros de día 20 de abril de 2018


El Consejo de Ministros, en su reunión de hoy ha aprobado la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación del Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, en relación con las medidas de movilidad internacional.

Según la referencia de Consejo de Ministros, la modificación tiene como objeto adaptar el ordenamiento español a la Directiva (UE) 2016/801 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a los requisitos de entrada y residencia de los nacionales de países terceros con fines de investigación, estudios, prácticas, voluntariado, programas de intercambio de alumnos o proyectos educativos y colocación au pair (véase la entrada de este blog del día 21.5.2016), cuyo plazo de trasnposición finaliza el 23 de mayo. Esta norma de la UE pretende mejorar, mediante la supresión de barreras migratorias, la mejora de la posición de la UE en la competencia mundial por atraer talento y promover la Unión Europea como centro mundial de excelencia.

Entre otras cuestiones, el Anteproyecto de Ley desarrolla la creación de una autorización de residencia para la investigación en la UE con derecho a la intramovilidad dentro de la Unión para el personal investigador titular de un doctorado o de una cualificación de educación superior que le permita acceder a programas de doctorado y que ha sido seleccionado por un organismo de investigación para llevar a cabo su actividad investigadora. También se regula el régimen de intramovilidad en la UE para la llegada de investigadores ya autorizados en otro Estado miembro, de manera que bastará la comunicación, no siendo necesaria una nueva autorización sea cual sea la duración de la movilidad. Asimismo se prevé la posibilidad de que los investigadores y estudiantes internacionales puedan permanecer en España, hasta doce meses, para la búsqueda de empleo o para emprender un proyecto empresarial tras sus estudios en España.

Bibliografía - Pensión de viudedad y unión por el rito gitano


Pensión de viudedad y unión por el rito gitano
Yolanda CANO GALÁN, Letrada del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. Profesora Titular de la Universidad Rey Juan Carlos
Diario La Ley, Nº 9182, 20 de Abril de 2018
Se anula la pensión concedida a la viuda casada por el rito gitano desde hace 40 años y con 5 hijos. No es posible equiparar este supuesto al fallado por el TEDH en el asunto Muñoz Díaz, pues aquí no se aprecia buena fe en los contrayentes. En el libro de familia aparecían como "solteros", y en los certificados de nacimiento de los hijos como "extramatrimoniales". Por el hecho de ser gitanos no pueden ser eximidos de los requisitos formales de inscripción registral o escritura notarial de la pareja. No hay discriminación racial alguna.

Jurisprudencia - Demanda contra los operadores de Internet para bloquear una web sin necesidad de demandar al infractor de los derechos de propiedad intelectual


Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, Sentencia 115/2018 de 20 Feb. 2018, Rec. 69/2017: Propiedad intelectual. Acción de cesación de actividad ilícita formulada contra Orange, Telefónica y Vodafone en su condición de intermediarios de servicios de internet. Estimación. Requisito de procedibilidad. No es necesario demandar directamente al infractor, basta con que quede acreditada suficientemente la existencia de un comportamiento infractor. Juicio de proporcionalidad. La medida adoptada debe ser proporcional a la importancia y gravedad de las violaciones de derechos de autor cometidas. Bloqueo de acceso a la web infractora.
Ponente: Fernández Seijo, José María.
Nº de Sentencia: 115/2018
Nº de Recurso: 69/2017
Jurisdicción: CIVIL
Diario La Ley, Nº 9182, 20 de Abril de 2018
ECLI: ES:APB:2018:1317
[Texto sentencia]

DOUE de 20.4.2018


-Decisión (UE) 2018/600 del Consejo, de 10 de octubre de 2016, relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo entre la Unión Europea y Nueva Zelanda sobre cooperación y asistencia administrativa mutua en materia aduanera.
Nota: Mediante el presente acto se autoriza la firma del Acuerdo entre la UE y Nueva Zelanda sobre cooperación y asistencia administrativa mutua en materia aduanera.
Véanse la dos siguientes referencias de esta entrada.
-Decisión (UE) 2018/601 del Consejo, de 16 de abril de 2018, relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo entre la Unión Europea y Nueva Zelanda sobre cooperación y asistencia administrativa mutua en materia aduanera.
Nota: Mediante este acto se aprueba el Acuerdo entre la UE y Nueva Zelanda sobre cooperación y asistencia administrativa mutua en materia aduanera.
Véase la siguiente referencia de esta entrada.
-Acuerdo entre la Unión Europea y Nueva Zelanda sobre cooperación y asistencia administrativa mutua en materia aduanera.

jueves, 19 de abril de 2018

Jurisprudencia - Adquisición de la nacionalidad española por residencia y cómputo del tiempo de residencia en los casos de asilo o refugio


Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Sentencia de 1 marzo 2018, Rec. 697/2016: Adquisición de la nacionalidad española por residencia. Cómputo del tiempo de residencia en los casos de asilo o refugio. El plazo de residencia legal de dos años debe cumplirse de forma inmediatamente anterior a la solicitud, por lo que no puede atenderse, para completarlo, al plazo posterior a la solicitud que también aparece cubierto por permisos de residencia y que haya transcurrido durante la tramitación del expediente, incluida su impugnación ya sea en vía administrativa o judicial, y todo ello sin perjuicio de que el recurrente esté ya en disposición de formular una nueva solicitud. De acuerdo con el art. 36.1 c) de la Ley 12/2009 del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, es la concesión del derecho de asilo o de la protección subsidiaria la que determina la autorización de residencia y trabajo permanente, en los términos que establece la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. En el marco de la normativa de extranjería no es lo mismo autorización de permanencia que de residencia y mientras se tramita el asilo estamos ante una simple autorización de permanencia provisional. El computo del plazo de residencia legal a efectos de la concesión de nacionalidad por residencia ha de retrotraerse al momento de la solicitud del asilo (art. 57.3 de la LRJ-PAC, actual art. 39.3 de la LPAC): podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.
Ponente: García García-Blanco, Isabel.
Nº de Recurso: 697/2016
Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
Fuente: Otrosi .net - Penal.
[Texto en CENDOJ: Roj: SAN 689/2018 - ECLI: ES:AN:2018:689]

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (19.4.2018)


-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta) de 19 de abril de 2018, en el asunto C‑565/16 (Saponaro y Xylina): Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental — Reglamento (CE) n.º 2201/2003 — Órgano jurisdiccional de un Estado miembro ante el que se presenta una solicitud de autorización judicial para repudiar una herencia por cuenta de un menor — Competencia en materia parental — Prórroga de la competencia — Artículo 12, apartado 3, letra b) — Aceptación de la competencia — Requisitos.
Fallo del Tribunal:
"En una situación como la del litigio principal, en la que los progenitores de un menor, que residen de forma habitual con este en un Estado miembro, han presentado en nombre de ese menor una solicitud de autorización para repudiar una herencia ante un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro, el artículo 12, apartado 3, letra b), del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1347/2000, debe interpretarse en el sentido de que:
– la presentación de una solicitud de forma conjunta por parte de los progenitores del menor ante el órgano jurisdiccional de su elección constituye una aceptación inequívoca de dicho órgano jurisdiccional por parte de estos;
– un fiscal que, según el Derecho nacional, es parte de pleno derecho en el procedimiento iniciado por los progenitores constituye una «parte en el procedimiento» en el sentido del artículo 12, apartado 3, letra b), del Reglamento n.º 2201/2003. La oposición expresada por esa parte respecto a la elección del órgano jurisdiccional efectuada por los progenitores del menor después del momento en que se presentó el asunto ante el órgano jurisdiccional impide que pueda considerarse aceptada la prórroga de la competencia por todas las partes en el procedimiento en ese momento. A falta de tal oposición, puede considerarse que el consentimiento de dicha parte es implícito y que concurre el requisito de aceptación de la prórroga de la competencia de forma inequívoca por todas las partes en el procedimiento en el momento de presentar el asunto ante el órgano jurisdiccional, y
– la circunstancia de que la residencia del causante en el momento de su fallecimiento, su patrimonio, objeto de la sucesión, y el pasivo de la herencia estuvieran situados en el Estado miembro del órgano jurisdiccional elegido permite considerar, a falta de elementos que demuestren que la prórroga de la competencia podría incidir negativamente sobre la situación del menor, que tal prórroga de la competencia responde al interés superior del menor."
-CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL SRA. ELEANOR SHARPSTON, presentadas el 19 de abril de 2018, en el asunto C‑123/17 (Yön): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Alemania)] Procedimiento de decisión prejudicial — Acuerdo de Asociación CEE-Turquía — Decisión n.º 2/76 — Artículo 7 — Cláusula de standstill — Nuevas restricciones de los requisitos de acceso al empleo — Reagrupación familiar — Protocolo Adicional — Artículo 59 — Justificación — Razones imperiosas de interés general.
Nota: La AG propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"– La legalidad de las nuevas restricciones a la libertad de circulación de trabajadores introducidas por un Estado miembro entre el momento de entrada en vigor de la Decisión n.º 2/76 del Consejo de Asociación CEE-Turquía y el de entrada en vigor de la Decisión n.º 1/80 del Consejo de Asociación CEE-Turquía debe valorarse con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7 de la Decisión n.º 2/76.
– La introducción de un requisito de visado para la cónyuge de un trabajador turco que pretende reunirse con ese trabajador a efectos de reagrupación familiar no está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 7 de la Decisión n.º 2/76.
– Las nuevas restricciones de los requisitos de acceso al empleo para los trabajadores turcos, en el sentido del artículo 7 de la Decisión n.º 2/76, pueden estar justificadas por razones imperiosas de interés general, como la gestión eficaz de las corrientes migratorias. Cualquier restricción debe ser adecuada para lograr el objetivo legítimo perseguido y rebasar lo necesario para alcanzarlo. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional comprobar si esto sucede en el caso de autos."

Jurisprudencia - Presupuestos para la aplicación de la Ley sobre el juego a las actividades de juego transfronterizas


Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia 112/2018 de 29 Ene. 2018, Rec. 783/2017: Interés casacional. Juegos de azar. Actividades de juego transfronterizas. Ámbito de aplicación de la Ley 13/2011, de regulación del juego: interpretación de su art. 2.1 d). Inclusión de las actividades realizadas por operadores radicados fuera de España, que organicen y ofrezcan actividades de juegos a residentes en España mediante dispositivos o aplicaciones electrónicas a los que se conecten a través de una dirección IP asignada a la red de internet española. No requiere la existencia de un establecimiento propio o de una estructura organizativa que evidencie o refleje su presencia en el mercado español. Es suficiente que usuarios residentes en España puedan acceder a plataformas o dispositivos electrónicos, informáticos o telemáticos diseñados para facilitar la participación on-line de los jugadores. Obligación de dichos operadores de disponer del título habilitante correspondiente y de cumplir todas las medidas destinadas a proteger a los clientes.
Ponente: Bandrés Sánchez-Cruzat, José Manuel.
Nº de Sentencia: 112/2018
Nº de Recurso: 783/2017
Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
Diario La Ley, Nº 9181, Sección Jurisprudencia, 19 de Abril de 2018
ECLI: ES:TS:2018:196

BOE de 19.4.2018


Resolución de 11 de abril de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de abril de 2018, por el que se aprueba el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el período 2018-2020.
Nota: En este Plan Estratégico cabe destacar el objetivo estratégico núm. 9, destinado a mejorar la garantía de cumplimiento de la legislación en materia de seguridad social, economía irregular y extranjería. Igualmente, el objetivo núm. 10, por el que se pretende mejorar la lucha contra el fraude transnacional y reforzar la cooperación internacional en materia de inspección. En este último, la línea 92 se refiere a los desplazamientos transnacionales de trabajadores.
Por su parte, en el Anexo (Informe de Evaluación del Plan de Lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social 2012-2017), en su apartado III (Análisis general de las actuaciones y resultados de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social), en su sección dedicada a las medidas adoptadas en la tercera parte del periodo (2016-2017) como continuación del plan de lucha contra el fraude, se contiene un núm. 5, dedicado a la plataforma europea de lucha contra el trabajo no declarado.

martes, 17 de abril de 2018

Jurisprudencia - Delito de trata de seres humanos del artículo 177 bis CP


Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Sentencia de 22 marzo 2018, Rec. 10484/2017: Condena de cuatro acusados, dos de ellos por los delitos de trata de seres humanos, inmigración ilegal y prostitución coactiva, en concurso medial, y los otros dos por delito de trata de seres humanos. Requisitos del delito de trata de seres humanos y su relación concursal con los delitos de inmigración ilegal y prostitución. Problemas que se suscita. La tipicidad de la conducta consistente en colaborar desde el extranjero con el principal acusado, que reside en España y planifica y dirige desde el territorio español los delitos que se perpetran con respecto a la víctima nigeriana. La realización de las gestiones desde Francia para enviar a España a la mujer nigeriana víctima del delito constituye una conducta específicamente tipificada en el art. 177 bis del C. Penal: traslado de la víctima desde el extranjero "con destino a España", y compete su enjuiciamiento a la jurisdicción española. La conspiración pertenece a una fase del iter criminis anterior a la ejecución, por lo que tiene naturaleza de acto preparatorio, y se ubica entre la ideación impune y las formas imperfectas de ejecución, como una especie de coautoría anticipada que determinados autores desplazan hacia el área de la incriminación excepcional de algunas resoluciones manifestadas, pero que, en todo caso, se caracteriza por la conjunción del pactum scaeleris o concierto previo. La resolución de ejecución del delito ha de ser firme, seria, real y definitiva, según reiterada jurisprudencia de esta Sala.
Ponente: Jorge Barreiro, Alberto Gumersindo.
Nº de Recurso: 10484/2017
Jurisdicción: PENAL
Fuente: Otrosi .net - Penal.
[Texto en CENDOJ: Roj: STS 1020/2018 - ECLI: ES:TS:2018:1020]

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (17.4.2018)


SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 17 de abril de 2018, en los asuntos acumulados C‑316/16 (B) y C‑424/16 (Vomero): Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión Europea — Derecho a residir y circular libremente en el territorio de los Estados miembros — Directiva 2004/38/CE — Artículo 28, apartado 3, letra a) — Protección reforzada contra la expulsión — Requisitos — Derecho de residencia permanente — Residencia en el Estado miembro de acogida durante los diez años anteriores a la decisión de expulsión del Estado miembro de que se trate — Período de estancia en prisión — Consecuencias sobre la continuidad de la residencia de diez años — Relación con el examen global del vínculo de integración — Momento en el que tiene lugar dicho examen y criterios que han de tenerse en cuenta.
Fallo del Tribunal:
"1) El artículo 28, apartado 3, letra a), de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, debe interpretarse en el sentido de que el derecho a la protección contra la expulsión prevista en dicha disposición está sujeto al requisito de que el interesado sea titular de un derecho de residencia permanente en el sentido de los artículos 16 y 28, apartado 2, de dicha Directiva.
2) El artículo 28, apartado 3, letra a), de la Directiva 2004/38 debe interpretarse en el sentido de que, en el caso de un ciudadano de la Unión que está cumpliendo una pena privativa de libertad y contra el que se ha adoptado una decisión de expulsión, el requisito de haber «residido en el Estado miembro de acogida durante los diez años anteriores» que establece dicha disposición se cumple si un examen global de la situación del interesado que tenga en cuenta la totalidad de los aspectos pertinentes lleve a la conclusión de que, a pesar de dicha privación de libertad, no se han roto los vínculos de integración que unen al interesado con el Estado miembro de acogida. Entre estos aspectos figuran, en particular, la fuerza de los vínculos de integración con el Estado miembro de acogida antes del ingreso en prisión del interesado, la naturaleza de la infracción que haya justificado el período de estancia en prisión al que ha sido condenado y las circunstancias en las que se haya cometido la infracción y la conducta del interesado durante el período de estancia en prisión.
3) El artículo 28, apartado 3, letra a), de la Directiva 2004/38 debe interpretarse en el sentido de que la cuestión de si una persona cumple el requisito de haber «residido en el Estado miembro de acogida durante los diez años anteriores», en el sentido de esa disposición, debe examinarse en la fecha en la que se adoptó la decisión de expulsión inicial."

DOUE de 17.4.2018


-Reglamento de Ejecución (UE) 2018/578 de la Comisión, de 13 de abril de 2018, que modifica el Reglamento (CE) n.o 2368/2002 del Consejo por el que se aplica el sistema de certificación del proceso de Kimberley para el comercio internacional de diamantes en bruto.
Nota: Mediante la presente norma se sustituye el anexo II (lista de los participantes en el sistema de certificación del proceso de Kimberley y de sus autoridades competentes debidamente designadas) del Reglamento (CE) n° 2368/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002.
-Corrección de errores del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Moldova por el que se modifica el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Moldova sobre la facilitación de la expedición de visados, firmado en Bruselas el 27 de junio de 2012.
Nota: Véase el Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Moldova, así como la entrada de este blog del día 20.6.2013.

lunes, 16 de abril de 2018

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


SENTENCIAS

-Asuntos acumulados C-398/16 y C-399/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 22 de febrero de 2018 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — X BV (C-398/16), X NV (C-399/16) / Staatssecretaris van Financiën (Procedimiento prejudicial — Artículos 49 TFUE y 54 TFUE — Libertad de establecimiento — Legislación tributaria — Impuesto sobre sociedades — Ventajas vinculadas a la constitución de una unidad fiscal única — Exclusión de los grupos transfronterizos)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 22.2.2018.
-Asunto C-132/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 21 de febrero de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — Peugeot Deutschland GmbH / Deutsche Umwelthilfe eV (Procedimiento prejudicial — Libre prestación de servicios — Directiva 2010/13/UE — Definiciones — Concepto de «servicio de comunicación audiovisual» — Ámbito de aplicación — Cadena de vídeos promocionales de modelos de turismos nuevos disponible en YouTube)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 21.1.2018.
NUEVOS ASUNTOS

-Asunto C-658/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Polonia) el 24 de noviembre de 2017 — WB.
Cuestiones planteadas:
"1) ¿Debe interpretarse el artículo 46, apartado 3, letra b), en relación con el artículo 39, apartado 2, del Reglamento n.o 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo en el sentido de que la expedición del certificado relativo a una resolución en materia sucesoria, cuyo formulario se establece en el anexo 1 del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1329/2014 de la Comisión, de 9 de diciembre de 2014, por el que se establecen los formularios mencionados en el Reglamento n.o 650/2012, es admisible también respecto de las resoluciones que confirman la cualidad de heredero, pero no gozan (siquiera parcialmente) de fuerza ejecutiva?
2) ¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 1, letra g), del Reglamento n.o 650/2012 en el sentido de que la escritura de declaración de herederos autorizada por el notario con arreglo a una solicitud no contenciosa de todas las partes en el procedimiento de certificación, que surte los efectos de un auto judicial definitivo sobre adquisición de la herencia —como es la escritura de declaración de herederos autorizada por el notario polaco—, constituye una resolución en el sentido de este precepto?
Y como consecuencia de ello,
¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 2, primera frase, del Reglamento n.o 650/2012 en el sentido de que el notario autorizante de este tipo de escritura de declaración de herederos debe ser reconocido como tribunal en el sentido del último precepto citado?
3) ¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 2, segunda frase, del Reglamento n.o 650/2012 en el sentido de que la comunicación notificada por el Estado miembro de conformidad con el artículo 79 del Reglamento tiene valor informativo y no es un requisito para reconocer al profesional del Derecho con competencias en materia de sucesiones que ejerce funciones jurisdiccionales como tribunal en el sentido del artículo 3, apartado 2, primera frase, del Reglamento, en caso de que cumpla los requisitos resultantes del último precepto citado?
4) En caso de respuesta negativa a las cuestiones prejudiciales primera, segunda o tercera:
¿Debe interpretarse el artículo 3 apartado 1, letra i), del Reglamento n.o 650/2012 en el sentido de que el reconocimiento de un instrumento nacional de procedimiento que confirma la cualidad de heredero, como es la escritura de declaración de herederos, supone una resolución en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra g), del Reglamento n.o 650/2012, excluyendo su reconocimiento como documento público?
5) En caso de respuesta afirmativa a la cuarta cuestión prejudicial:
¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 1, letra i), del Reglamento n.o 650/2012 en el sentido de que la escritura de declaración de herederos autorizada por el notario de conformidad con una solicitud no contenciosa de todos los intervinientes en el procedimiento sucesorio —como es la escritura de declaración de herederos autorizada por el notario polaco— constituye un documento público en el sentido de este precepto?"
-Asunto C-129/18: Petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court of the United Kingdom (Reino Unido) el 19 de febrero de 2018 — SM / Entry Clearance Officer, UK Visa Section.
Cuestiones planteadas:
"1) ¿Es un «descendiente directo» en el sentido del artículo 2, apartado 2, letra c), de la Directiva 2004/38 el menor que se halla bajo la tutela legal permanente de un ciudadano o ciudadanos de la Unión con arreglo a la institución de la kafala o a una disposición equivalente prevista en la legislación de su país de origen?
2) ¿Pueden interpretarse otras disposiciones de la Directiva 2004/38, en particular sus artículos 27 y 35, en el sentido de que puede denegarse la entrada de tales menores en el territorio si son víctimas de explotación, abusos o tráfico de seres humanos o están expuestos a ese riesgo?
3) ¿Está facultado un Estado miembro a investigar, antes de reconocer a un menor que no es descendiente consanguíneo de un nacional del Espacio Económico Europeo (en lo sucesivo, «EEE») como descendiente directo con arreglo al artículo 2, apartado 2, letra c), de la Directiva 2004/38, si el procedimiento mediante el que se otorgó la tutela o custodia del menor a dicho nacional del EEE tuvo en cuenta suficientemente el interés superior del menor?"

BOE de 16.4.2018


-Resolución de 9 de abril de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades por la que se corrigen errores en la de 23 de marzo de 2018, por la que se establecen las instrucciones para el cálculo de la calificación final que debe figurar en las credenciales de convalidación por 1º de Bachillerato y de homologación de títulos extranjeros al título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria y al de Bachiller español.
Nota: Mediante esta Resolución se corrigen errores de la Resolución de 23 de marzo de 2018. Véase la entrada de este blog del día 2.4.2018.
-Resolución de 28 de marzo de 2018, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se aprueban los recargos en favor del Consorcio de Compensación de Seguros en materia de seguro de riesgos extraordinarios a satisfacer obligatoriamente por los asegurados, la cláusula de cobertura a insertar en las pólizas de seguro ordinario y la información a facilitar por las entidades aseguradoras relativa a las pólizas incluidas en el régimen de cobertura de los riesgos extraordinarios.
Nota: Cabe destacar que en el Anexo II.B (Cláusula de indemnización por el Consorcio de Compensación de Seguros de las pérdidas derivadas de acontecimientos extraordinarios en seguros de personas), segundo párrafo, se establece lo iguiente:
"Las indemnizaciones derivadas de siniestros producidos por acontecimientos extraordinarios acaecidos en España o en el extranjero, cuando el asegurado tenga su residencia habitual en España, serán pagadas por el Consorcio de Compensación de Seguros cuando el tomador hubiese satisfecho los correspondientes recargos a su favor y se produjera alguna de las siguientes situaciones:
a) Que el riesgo extraordinario cubierto por el Consorcio de Compensación de Seguros no esté amparado por la póliza de seguro contratada con la entidad aseguradora.
b) Que, aun estando amparado por dicha póliza de seguro, las obligaciones de la entidad aseguradora no pudieran ser cumplidas por haber sido declarada judicialmente en concurso o por estar sujeta a un procedimiento de liquidación intervenida o asumida por el Consorcio de Compensación de Seguros."
Por su parte, en el segundo párrafo del Anexo II.C (Cláusula de indemnización por el Consorcio de Compensación de Seguros de las pérdidas derivadas de acontecimientos extraordinarios en seguros con coberturas combinadas de daños a personas y en bienes y de responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles) se establece:
"Las indemnizaciones derivadas de siniestros producidos por acontecimientos extraordinarios acaecidos en España, y que afecten a riesgos en ella situados y, en el caso de daños a las personas, también los acaecidos en el extranjero cuando el asegurado tenga su residencia habitual en España, serán pagadas por el Consorcio de Compensación de Seguros cuando el tomador hubiese satisfecho los correspondientes recargos a su favor y se produjera alguna de las siguientes situaciones:
a) Que el riesgo extraordinario cubierto por el Consorcio de Compensación de Seguros no esté amparado por la póliza de seguro contratada con la entidad aseguradora.
b) Que, aun estando amparado por dicha póliza de seguro, las obligaciones de la entidad aseguradora no pudieran ser cumplidas por haber sido declarada judicialmente en concurso o por estar sujeta a un procedimiento de liquidación intervenida o asumida por el Consorcio de Compensación de Seguros."